Policía Comunitaria y Autodefensa en Guerrero

Impar AV visitó Guerrero para reportar sobre la situación con la autodefensa y la policía comunitaria en los municipios de Ayutla de los Libres y San Luis Acatlán. Esto es lo que encontramos.

“Cuando empezaron estaba chingón, la malilla se fue del pueblo y ya no tocaba pagar por piso [impuestos cobrados por el crimen organizado], ni las extorsiones, se pararon los secuestros. Ahora el problema es que la cooperación voluntaria que cobraban al principio ya no es tan voluntaria. Están poniendo cuotas obligatorias por cada casa... ¡Al menos la malilla daba más trabajo!”. Albañil de Ayutla de los Libres, jueves 30 de mayo de 2013.

“No damos información a la prensa porque cuando empezamos la prensa sacó cuánta gente habíamos arrestado y nosotros los teníamos según los usos y costumbres, pero llegaron los de derechos humanos diciendo que los teníamos que liberar y pues tocó… se los entregamos a la policía y ellos dieron su lana y quedaron libres. Ahora no decimos cuántos tenemos ni informamos de nada por eso. Si preguntan si los tenemos o no, decimos que no sabemos nada, que no los tenemos. Así, si se ponen de rebeldes no existen pues, los desaparecemos”. Miembro del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSYJC) de Ayutla de los Libres, viernes 31 de mayo de 2013.

“¿Que qué pienso de la policía comunitaria [como se presenta la autodefensa en Ayutla]? ¡Que está de poca madre!”. Comerciante de Ayutla de los Libres 1 de junio de 2013.

Ayutla de los Libres queda en la zona del estado mexicano de Guerrero conocida como la Costa Chica. Hay que desviar hacia el norte en la autopista México 200 en Cruz Grande, a unos 70 kilómetros de Acapulco y recorrer 40 minutos por una carretera que serpentea a través de una ardiente planicie punteada por exuberantes palmeras y arbustos secos, pero aún verdes. Varias lagartijas toman el sol sobre la vía y algunos zopilotes dibujan círculos en el cielo. La aridez está en su apogeo en esta época del año, finales de mayo, gracias a una larga temporada sin lluvias. Los campos tienen un color negro y gris por las quemazones previas a la siembra de las milpas que ya están siendo plantadas, aprovechando las primeras lluvias del año.

Un enorme pasacalle verde limón con letras blancas fosforescentes da la bienvenida a los visitantes. Debajo de éste hay un retén militar. Camiones, automóviles, camionetas de transporte público, motocicletas, casi nadie se salva de la recepción de las Fuerzas Armadas. Las medidas de seguridad no son porque sí: Ayutla era conocido hasta hace unos meses por ser un paraíso para el crimen organizado y un infierno para todos los demás. Desde el 6 de enero el panorama ha cambiado radicalmente en las calles del municipio.

Muchos pobladores y versiones de prensa afirman que acabar con el crimen, o reducirlo a su mínima expresión, fue posible gracias a la conformación y puesta en marcha del grupo de autodefensa de Ayutla, conocido posterior a su legalización en abril como Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSYJC), adscrito a la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG). El detonante de la reacción popular en contra de las bandas organizadas habría sido el secuestro de Eusebio García, comisario de la comunidad de Rancho Nuevo y miembro de la UPOEG, sucedido el 5 de enero. Indignados por la inacción policial, varios indígenas y mestizos de Ayutla y Tecoanapa se habrían armado al día siguiente para organizar el rescate y montar una estructura de autodefensa comunitaria. De la noche a la mañana, literalmente, la UPOEG pasó de exigir un cobro más justo de la tarifa de la energía eléctrica y abogar por mejoras en las vías rurales, la salud y la educación a convertirse en una estructura militar integrada por vigilantes armados con una fuerte presencia en los cascos urbanos. Sus rondas, en patrullas a pie o en camionetas de platón, recorren las calles de Ayutla y otros municipios del estado.

Según las versiones de este estilo, las autodefensas adscritas a la UPOEG, integradas por ciudadanos enmascarados armados con escopetas, fusiles y algunas pistolas viejas desmontaron peligrosas bandas de narcotraficantes, secuestradores y extorsionistas, y controlaron la delincuencia común. La manera decidida en que enfrentaron el crimen organizado permitió el regreso de la paz, el orden y la tranquilidad a un pueblo que vivía atemorizado y sometido al poder de las bandas criminales. Ahora se han expandido y tienen presencia en varios municipios de Guerrero. 

Entrevista a un comerciante de Ayutla de los Libres.

¿Parece una historia salida de las páginas de un guión de Hollywood? En cierta forma lo es. Lo que sucedió en Ayutla y algunos municipios vecinos no es Los Intocables: South of the Border. Los grises son varios y de distintos matices. El costo de la seguridad alcanzada en Ayutla y los demás municipios en los que se implantó el sistema de autodefensa fue la toma de facto del poder policial por parte de bandas armadas sin mayor control ni veeduría del gobierno municipal y/o la sociedad civil; no muy diferente a lo que pasa con las policías municipales, estatales o federales, al menos en lo que toca a la sociedad civil —pero esa es otra historia.

Al mismo tiempo, la gente reconoce los beneficios que han traído las fuerzas de autodefensa y muchos pobladores prefieren su presencia a la de los delincuentes. Varios colaboran con la autodefensa: patrullan, les dan dinero o les llevan comida. Sin embargo, se rumora (porque nadie se atreve a asegurar nada al respecto) que la colaboración monetaria, que en principio era voluntaria, se ha vuelto de carácter obligatorio. Muchos de los patrulleros son obligados a participar de la autodefensa por la pertenencia de sus comunidades a la estructura de seguridad. Hay hombres que preferirían estar cuidando sus parcelas o sus cabras a andar armados tres veces a la semana cubriendo turnos de 24 horas mientras sus campos están abandonados. Hay una estrecha colaboración con el gobierno: junto a los rifles de caza y las escopetas se ven modernos fusiles de asalto de alto calibre suplidos por el gobierno estatal. Fuentes policiales también afirman que hay colaboración con la policía municipal para realizar operativos en los centros urbanos.

Tras la espectacular aparición de las autodefensas de la UPOEG y la captura de varios criminales se produjo un gran despliegue mediático que cubrió su surgimiento. En ellas se les presentó como la policía comunitaria que es, en realidad, una estructura de mayor antigüedad creada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) en 1995. Esta confusión fue propiciada por Bruno Plácido Valerio, fundador de la UPOEG. Plácido, que también participó en la fundación de la CRAC-PC, estableció la UPOEG en enero de 2011 como consecuencia de la derrota sufrida por él y su grupo en una elección de coordinadores, la máxima autoridad de la CRAC-PC. Sin el control sobre la CRAC-PC,  Plácido y sus colaboradores buscaron imponer su liderazgo sobre las comunidades por una vía alternativa, apoyada por el gobierno estatal en cabeza del gobernador Ángel Aguirre. Desde enero Bruno Plácido Valerio ha aparecido en la prensa de la mano del gobernador en varias ocasiones. En las comunidades se comenta que Bruno es el “dedo chiquito del gobernador”. También se sabe de los intereses políticos de los hermanos Plácido: buscan convertir los ejidos de los que son oriundos en municipios y lograr la diputación por Guerrero para Bruno, cómo lo llaman los habitantes para diferenciarlo de su hermano Cirino, otro miembro de importancia dentro de la UPOEG.

Casa de Justicia de la CRAC-PC en El Paraíso, Ayutla de los Libres, Gro.

La CRAC-PC surgió en 1995 como una respuesta a la criminalidad que en esos años campeaba libremente por la Costa Chica y las montañas de Guerrero con la complicidad por acción u omisión del aparato estatal. Las comunidades ñuu savi (mixtecos) y me'phaa (tlapanecos) se organizaron en torno a la CRAC-PC para protegerse y establecer una instancia de administración de justicia fuera del corrupto sistema judicial del Estado.

Casa de Justicia de la CRAC-PC, en El Paraíso, Ayutla de los Libres, Gro.

Paulatinamente la CRAC-PC fue haciéndose un espacio en la agenda política de Guerrero por medio del establecimiento de un sistema de policía, justicia y reeducación según los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Los detenidos son sometidos a un juicio en una de las cuatro casas de justicia con las que cuenta la organización y de ser condenados, son puestos a trabajar en proyectos de beneficio comunitario. Ahora cuenta con presencia en varios municipios y en su estructura participan las 5 etnias del estado. ñuu savi, me’phaa, náhuatl, ñomndaas (amuzgos) y afrodescendientes. Con el pasar del tiempo y la consolidación de la organización, la CRAC-PC ha expandido sus actividades hacia la constitución de proyectos productivos, asociaciones de mujeres, entre otras: sin embargo, el núcleo duro de la organización sigue siendo el sistema comunitario de policía, justicia y reeducación.

Preso en proceso de reeducación en El Paraíso, Gro.

Presos construyen una cisterna como parte de la
reeducación en El Paraíso, Gro.

Los juicios de los criminales capturados durante los primeros días de actividad de la autodefensa fueron transmitidos por varios medios. Sin embargo, su incapacidad para lidiar con los presos, la 

negativa de la CRAC-PC de recibir reos que no fueron juzgados en su sistema de justicia y la ausencia de un sistema penal de la UPOEG, condujo a la entrega de los detenidos al sistema ordinario de justicia. Con la honda corrupción a nivel local los delincuentes con mayor capacidad económica (generalmente los más peligrosos) fueron liberados prontamente. El mandato del gobierno estatal a las autodefensas de regularizar su accionar emitido en abril (quitarse las máscaras, usar uniformes) ha atemorizado a sus integrantes por las posibles represalias de los criminales liberados, de ahí que la represión en contra de los extraños que visitan Ayutla se ha intensificado en los últimos meses.

Capturados esperan la definición de su situación jurídica según el sistema de justicia de la CRAC-PC. San Luis Acatlán, Gro.

Prisionero recibe una visita. San Luis Acatlán, Gro.

Ahora Ayutla vive bajo una la ley marcial impuesta por la autodefensa.  ¿Toque de queda, allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias? Cosa de todos los días. ¿Violaciones al debido proceso, abusos de autoridad, presiones e intimidaciones a la prensa por parte de la SSYJC? Sí, es usual. En voz baja incluso se menciona la desaparición de capturados por "ponerse rebeldes". En síntesis, en Ayutla se produjo la imposición de una paz armada, del imperio de la violencia de una fuerza paraestatal aliada con el Estado, con la anuencia de la población civil, para acallar la violencia criminal, que, no obstante, aún permanece latente. Una paz paradójica que, como se ha visto en otros casos en América Latina, conduce a resultados nefastos.

En Guerrero, uno de los estados más pobres de la república méxicana (y en una ecuación perversa, usual en América Latina, con gran población indígena) hay más de 600 concesiones mineras, la mayoría de ellas de empresas canadienses. En las zonas en cuestión los proyectos más importantes son “La Diana” en manos de la canadiense CAMSIM y “Corazón de las Tinieblas” de la inglesa Hochschild. Los títulos de concesión para la extracción minera en los territorios indígenas se han otorgado violando varios de los mecanismos legales establecidos para la proteger los derechos indígenas, entre ellos el de la consulta previa. 

Policías comunitarios esperan por su comida mientras durante
la asamblea de  la CRAC-PC. San Luis Acatlán, Gro.

El establecimiento de la UPOEG tiene un fin ulterior: fracturar el sistema de seguridad comunitario establecido por la CRAC-PC.  El mito fundacional creado por los grandes medios para la autodefensa oculta un profundo conflicto al interior de la CRAC-PC propiciado por la UPOEG y enmascara una estrategia gubernamental que apunta a la desestabilización de las autonomías locales logradas por la CRAC-PC en el estado de Guerrero.Se busca desarticular las comunidades indígenas, dividir la organización de base y favorecer la entrada de empresas mineras transnacionales a los territorios comunitarios de la Montaña y la Costa Chica guerrerense. La UPOEG ha usado varios medios para lograr el debilitamiento de la CRAC-PC, entre ellos el de presentarse como la CRAC-PC durante el levantamiento de enero en Ayutla, la cooptación de comunidades pertenecientes a su estructura y la ocupación de la casa de justicia de San Luis Acatlán, de gran importancia simbólica para la CRAC-PC.

Policía comunitario, San Luis Acatlán, Gro.

Asamblea de la CRAC-PC, 1 de junio, San Luis Acatlán, Gro.

Contrario a la forma en la que funciona la CRAC-PC, con varios niveles de consulta en las comunidades para la toma de decisiones, y en la que se destaca la elección de autoridades por medio de la democracia directa y popular, la UPOEG está verticalizada en torno a su fundador y en todos sus niveles. Las decisiones no son consultadas, lo que permite que la organización funcione en beneficio de los intereses de los Plácido y sus aúlicos. El permanente contrapunteo a nivel de base con la CRAC-PC y la alianza establecida con el gobierno de Ángel Aguirre revela hasta que punto la UPOEG es un instrumento al servicio de los Plácido, que son, en últimas, peones en el ajedrez montado por el Palacio de Gobierno con sede en Chilpancingo, la capital de Guerrero. 

Eliseo Villar, coordinador de la casa de Justicia
de San Luis Acatlán, Gro. en la asamblea del 1 de junio.

La confrontación de baja intensidad entre la UPOEG y la CRAC-PC, y entre ésta última y el gobierno estatal ha ido escalándose en los últimos meses. Los días 1 y 2 de de junio hubo una asamblea de la CRAC-PC en la casa de justicia de San Luis Acatlán. El motivo, una citación de los coordinadores para responder a unas acusaciones de corrupción que se les imputaba. El sábado 1, una asamblea que parecía rutinaria fue interrumpida por un anuncio: la UPOEG celebraría su propia reunión al día siguiente en el auditorio del pueblo. Inmediatamente se tensó el ambiente y el tema cambió sustancialmente.

"El respeto a nuestros derechos será justicia" Escudo de la CRAC-PC.

Lo importante fue asegurar la no repetición de la toma de la casa de justicia y diseñar un mecanismo para evitar la cooptación de más comunidades por la UPOEG. A la pregunta de si se defendía el sistema comunitario establecida por la CRAC-PC  o si se abandonaba a las pretensiones de la UPOEG la respuesta fue unánime y contundente: “a los chingadazos” en caso de una amenaza armada. Afortunadamente, una situación que podría haber derivado en un enfrentamiento fratricida fue conjurada por la debilidad de la UPOEG a nivel de base. La convocatoria a su reunión fue mínima y la resolución producida en ella, llamando a los coordinadores de la CRAC-PC a dimitir nunca fue entregada a la asamblea reunida en la casa de justicia.

Eliseo Villar habla sobre Bruno Plácido y la formación de la autodefensa en Ayutla

en la Asamblea de la CRAC-PC, 1 de junio de 2013, San Luis Acatlán, Gro. 

Policía comunitario disponiéndose para la patrulla nocturna.
1 de junio, San Luis Acatlán, Gro.

Policías comunitarios antes de la patrulla
nocturna. 1 de junio, San Luis Acatlán, Gro.

Entrega de armas del 3 de enero en la
casa de justicia de San Luis Acatlán, Gro.

El último encontronazo entre el gobierno y la CRAC-PC fue propiciado por la captura en Acapulco de los coordinadores y algunos policías de la CRAC-PC. Fueron acusados de portar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y puestos bajo custodia. Los miembros de la organización reaccionaron rápidamente. Bloquearon cuatro carreteras, y desarmaron y capturaron a varios agentes municipales y ministeriales. El gobierno se vio forzado a liberar a los detenidos debido a la presión ejercida por los policías comunitarios y el tenue manto legal con el que pretendían cubrir el arresto. LA CRAC-PC respondió con la liberación de los agentes detenidos. Así, se propició una negociación de igual a igual entre el gobierno estatal y la CRAC-PC para la entrega de prisioneros y, posteriormente de las armas decomisadas por la CRAC-PC a los representantes del gobierno y el pago de este último por los fusiles tomados en Acapulco, entrega que se produjo el lunes 3 de junio en la casa de justicia de San Luis Acatlán.  Eliseo Villar Castillo, coordinador de  la casa de justicia, y uno de los que cayó preso en Acapulco, aprovechó la ocasión para recordarle al enviado del gobernador lo importante que es que tanto el gobierno como la UPOEG respeten el territorio comunitario. Villar instó al representante del gobierno a aplacar a la UPOEG pues en caso de que ésta intente tomarse la casa de justicia nuevamente tendrá que hacerlo por la fuerza.

En Guerrero se están produciendo varias presiones sobre las comunidades. Distintos individuos, grupos  instituciones y corporaciones están buscando consolidar su poder en diferentes escalas. Los hermanos Plácido desean satisfacer sus ambiciones políticas; la UPOEG intenta quitarle comunidades a la CRAC-PC para fortalecer su posición; la CRAC-PC se mantiene en una actitud defensiva frente a la UPOEG y el gobierno municipal, estatal y federal, ganando victorias coyunturales en todos los casos, ninguna de ellas definitiva; los gobiernos municipales se hacen los de la vista gorda con las arbitrariedades de la autodefensa para conservar el favor de los sectores pudientes de la sociedad local y así mantener intacta la estructura clientelista que los mantiene en los ayuntamientos; el gobierno estatal apoya a la UPOEG en detrimento de la CRAC-PC para debilitar lo que seguramente es visto, en el mejor de los casos, como una rueda suelta y en el peor como una amenaza a la institucionalidad para favorecer a las concesionarias mineras transnacionales; el gobierno federal está a la espera, procurando continuar la profundización de su modelo de desarrollo económico, modificando la constitución cuando es posible y obviándola cuando lo ve necesario; las multinacionales esperan que las condiciones estén dadas para iniciar sus megaproyectos mineros e inflar sus utilidades. Con tantas pugnas en desarrollo y tanto dinero en juego el peligro para las comunidades que están en medio de ellas es inminente.

14 de marzo, día internacional en contra de las represas, por los ríos, el agua y la vida

Es simple. El agua es la materia prima de la vida. Y sí, es un cliché decirlo, pero parece que no siempre queda claro. Entonces es necesario repetirlo: el agua es vida. Punto. No hay atenuantes ni posiciones intermedias. No hay un punto de compromiso. Ni la consulta previa con las comunidades antes de adelantar un megaproyecto, ni los proyectos de mitigación ambiental, ni el turismo en los embalses, nada cambia esta realidad fundamental. Los ríos son el sistema circulatorio del planeta. ¿Sabes qué pasa cuando algo obstruye el fluir de sangre en tus venas? Probablemente te dé necrosis o sufras de un infarto. Lo mismo pasa con las presas. Estas evitan que el agua siga su curso natural. Así, se alteran los ciclos de riego, las temporadas de pesca, se desbalancean los ecosistemas fluviales y se crea un inmenso cuerpo de agua en un lugar que alguien probablemente llamaba hogar. Los daños ecológicos y sociales son inmensos. Todo lo anterior sin contar con la amistosa cooperación de la fuerza pública y sus aliados privados con las grandes transnacionales energéticas para reprimir a los pueblos eso sí, de una forma mucho menos cordial, cuando éstos se organizan para resistirse a la invasión de sus territorios.

¿Y esa energía para qué?  ¿Para alimentar un sistema de producción y consumo totalmente incompatible con el medio ambiente y la humanidad en beneficio del tope de la pirámide social? Pues entonces no la queremos. No es necesaria. Producirla es contraproducente. La inmensa mayoría no saca provecho de ella y sólo se beneficia una pequeña élite mientras se engorda su cuenta bancaria. Hay que repetirlo: el agua es vida. Los billetes no hidratan la tierra. Las monedas tampoco. ¡Ríos libres, pueblos libres!

Corto con las acciones realizadas en el marco del día internacional en contra de las represas, por los ríos, el agua y la vida en Los Altos de Chiapas y San Cristóbal de las Casas



Galería de fotos en blanco y negro:

Presos políticos y centros penitenciarios

Los presos políticos* son uno de los temas más controversiales en América Latina. Actores ubicados en todo lo ancho del espectro ideológico se constituyen en víctimas y victimarios del apresamiento por causas políticas y desde todas las orillas se producen señalamientos y acusaciones. Lo acalorado de la discusión pública en las sociedades contemporáneas hace que en muchas ocasiones se ignore la especificidad de cada una de las personas que están privadas de su libertad, por lo que los presos políticos corren el riesgo de convertirse en estandartes de batalla. Con el fin de clarificar un argumento político es posible caer en la instrumentalización del sufrimiento individual: no es infrecuente el ataque a un Estado represor esgrimiendo el número de presos que este ha procesado por causa de lo que piensan. Esto sitúa al reo político en una doble paradoja. Por un lado, los canales de comunicación que se abren para que su voz llegue a oídos libres pueden acallarla al ponerla en función de sus intereses. O sea, hacer visible la causa invisibiliza al individuo. Por otra parte, las pasiones profundamente humanas producidas por la percepción de injusticia y su conjunción con los debates políticos al interior de una sociedad deshumaniza al reo. En resumen, los presos políticos son susceptibles a ser doblemente confinados, físicamente bajo el peso del sistema penitenciario y legal, y simbólicamente, tras los velos impuestos por el uso del concepto en agendas políticas ajenas a la propia.

Hay que aclarar que esto es más frecuente en los presos políticos reclamados desde la derecha. Los grandes medios de comunicación dan cuenta de la situación de los reos en Cuba o Venezuela, difunden imágenes de sus huelgas de hambre y exigen su liberación inmediata. Mientras tanto, miles de personas ven como sus días se arrastran pesadamente tras las rejas, olvidados por las cámaras y los reporteros. Este olvido se debe al doble estándar mediático. Los olvidados tras las rejas purgan condenas en países menos propensos a ser señalados por sus políticas de derechos humanos, dado su “buen comportamiento” en materias socioeconómicas. Este “buen comportamiento” está  definido, claro está, por el evangelio de nuestro tiempo: el Consenso de Washington. Lo anterior no es una justificación para el encarcelamiento por motivos políticos en países con gobiernos considerados de izquierda. Apresar a alguien por lo que piensa es inexcusable. La intención es, más bien, señalar la valoración del concepto "preso político" y el uso que se hace de él mientras se ignora (o oculta) a los reos que no están en capacidad de ser usados para acumular réditos económicos, políticos o electorales.

Los presos políticos que no ocupan páginas de primera plana son apoyados por centros de defensa de derechos humanos, prensa y medios libres, colectivos de abogados, entre otras organizaciones. Muchos de ellos sólo reciben el apoyo de sus familiares y activistas políticos. Otros sufren de un abandono total. Su confinamiento, muchas veces injusto, (injusticia no como criterio moral, sino jurídico) pasa a ser un punto de orgullo de los tribunales al no aceptar ceder frente a las presiones y la evidencia legal de sus atropellos. El caso de Alberto Patishtán, en el que la Suprema Corte de Justicia mexicana declaró su incompetencia, es una muestra de cómo la máxima instancia de justicia de México se escuda en tecnicismos legales para evitar dar una solución de fondo a un caso flagrante de manipulación de evidencia, corrupción y encarcelamiento por causas políticas.

Mientras tanto, algunos reos han usado la categoría de preso político como una táctica para perfilar su defensa frente a los estrados judiciales y la opinión pública. Jorge Videla, dictador argentino condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante su tiempo en el poder se considera a sí mismo privado de la libertad por razones políticas. Algo similar argumentaron otros procesados y condenados por delitos cometidos en las distintas dictaduras militares que agobiaron al continente durante la segunda mitad del siglo XX. Los ejemplos de Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional durante los años de la Operación Cóndor o Juan María Bordaberry, presidente uruguayo que entregó el poder a los militares en 1973 son sólo dos casos de lo anterior. 

Lo políticos colombianos recientemente procesados por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo también han intentado cobijarse bajo la misma figura. El ex senador Javier Cáceres afirmó ser un preso político tras su detención por el escándalo de la parapolítíca. El ex presidente Álvaro Uribe declaró que Andrés Felipe Arias, ministro de agricultura durante su mandato, es un preso político. Arias es investigado por la entrega irregular de subsidios agrícolas a los sectores más pudientes de la costa Caribe colombiana y Antioquia (algunos de ellos vinculados con el paramilitarismo) a través del programa Agro Ingreso Seguro. Bernardo Moreno (secretario general de la presidencia durante el mandato de Uribe), procesado por la interceptación y monitoreo ilegal de comunicaciones privadas realizadas en contra de magistrados de la Corte Suprema, periodistas, políticos de oposición, entre otros, también es reclamado como un preso político por el ex presidente.

Como todo lo demás en América Latina, las cárceles están atravesadas por una desigualdad escalofriante. En ellas se castiga preferentemente a los pobres. El Estado no ofrece programas de rehabilitación y reinserción social debido a la voracidad de los recortes en programas sociales y más bien se dedica a la administración de la población carcelaria según los criterios de eficiencia y ahorro típicos del Estado neoliberal. Además, la corrupción al interior de los penales actúa como un multiplicador de desigualdad: algunos disfrutan de comodidades que muchos soñarían con tener fuera de los muros penitenciarios mientras otros lidian con condiciones de insalubridad, hacinamiento, drogadicción y criminalidad difíciles de encontrar fuera de la cárcel. Así mismo, hay presos más relevantes que otros. La estratificación según los criterios de etnicidad, clase e ideología está profundamente enquistada en esta problemática. Pongámoslo en términos claros: un hombre blanco o mestizo de clase alta condenado por crímenes cometidos por los aparatos de inteligencia de una dictadura no recibe el mismo tratamiento que una mujer indígena, pobre, presa por reclamar en contra de los atropellos del Estado.

Por último, una nueva amenaza carcelaria se cierne sobre la sociedad en general. En Estados Unidos las prisiones ya son un negocio privado, una nueva frontera acumulativa para el capital. Cada preso representa un ingreso adicional para el operador del penal. El escándalo kids for cash demuestra los peligros de este sistema: dos jueces de Pennsilvania recibíeron dinero (2.6 millones de dólares) de los operadores del penal para menores de Wilkes-Barre a cambio de pronunciar largas sentencias en contra de jóvenes por acciones tan triviales como burlarse del rector de su secundaria en MySpace. Brasil es el pionero latinoamericano en este tipo de centro de detención. Este tipo de iniciativas no deben ser permitidas en el resto de los países de la región. Es de esperar que en el ambiente de corrupción política se reproduzcan los vicios que ya se manifestaron en EEUU y se profundice el abismo de injusticia, ilegalidad, corrupción y desigualdad en el que ha caído el sistema carcelario.

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* A lo largo del escrito se usará el masculino. Esto no significa que no existan presas políticas o que no las tomemos en cuenta.

Entrevista a Jérôme Baschet

Entre el 30 de diciembre de 2012 y el 2 de enero de 2013 se realizó en el CIDECI-Unitierra de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Tercer Seminario de Reflexión y Análisis Planeta Tierra Movimientos Antisistémicos. Jérôme Baschet, profesor de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París presentó una ponencia en el marco de este encuentro. En esta entrevista Baschet habla sobre la crisis del capitalismo y ambiental actual, los peligros del capitalismo verde y el desarrollo sustentable, y ofrece su idea de lo que deben ser las temporalidades del cambio revolucionario.

Videoresumen de la entrevista a Jérôme Baschet, enero 2 de 2013

Impar AV: Cuéntanos sobre tu ponencia.

Jérôme Baschet: Hablé de las posibilidades que tenemos de construir nuestros espacios liberados de distintos tamaños, de los más pequeños a otros más grandes como en el caso del zapatismo. Y que claro, eso se está dando en un contexto de crisis del capitalismo, sobre todo en la forma visible que asume desde 2007-2008 y que es un factor que para nosotros es favorable. Aunque puede generar muchas dificultades porque la crisis significa más pobreza, más desempleo y más problemas para la gente, también significa que hay un contexto en el cual la dificultad del capitalismo para reproducirse a sí mismo se ve cada vez más clara. Como parte de eso está el problema ambiental general y la crisis climática. Para sintetizar, dije que eso lo podemos ver como una insurrección de la Madre Tierra en la medida que todos los fenómenos que los medios llaman desastres naturales —que van a ser cada vez más frecuentes— son la reacción de la Madre Tierra a todo lo que el hombre provoca y en primer lugar, el calentamiento global. Lo podemos ver así. La gente puede decir que la Tierra no se va a levantar en armas, no hace insurrección. Me baso en el hecho que los pueblos indígenas hablan de la Madre Tierra como algo vivo. Lo que vemos bajo la forma de esos desastres, llamados naturales, es la reacción a la agresión que provoca no el hombre en sí mismo, sino el sistema capitalista con la absurdidad de aumentar la producción en beneficio de la ganancia. Esa es la causa fundamental del desastre ambiental, del ecocidio, o como lo queramos llamar. Si la Madre Tierra es una fuerza viva, efectivamente sus reacciones son, yo las llamo así, una insurrección. Lo llamo así para decir que quizá es una fuerza que en cierta medida nos ayuda en la lucha anticapitalista. Puede parecer paradójico porque nos ayuda con el peligro que nos está destruyendo como humanidad. Con un poquito de optimismo —pueden decir que es muy fantasioso— quizá obligue a las mujeres y los hombres a reaccionar porque no es posible seguir así. Eso va a ser más evidente cuando se vayan dando los efectos anunciados del cambio climático que son tremendos.

I-AV:¿Qué opinas de los proyectos que, por un lado, responden a la necesidad del capital de ampliar su frontera de acumulación, y que por otro, buscan contener las presiones ambientales y hacer del capitalismo un sistema sustentable?

J.B.: El capitalismo verde y el desarrollo sustentable yo creo que no tienen sentido. La raíz del problema es el motor mismo del capitalismo. Hay una necesidad de producir cada vez más en función de expandir el valor. Aumentar las ganancias cada vez más, cada vez más, cada vez más. Con el dato de que el crecimiento de la economía no es lineal sino que es exponencial. Las cantidades de capitales que buscan como valorizarse son enormes y hay que inventar lo que sea para crear fuentes de nuevas ganancias. Lo que sea, a cualquier costo. Incluso si no hay necesidad: puede ser que no haga falta ni tenga lógica económica en sentido estricto, pero se va a hacer. Es el caso de ese aeropuerto en Francia, que lo quieren hacer a como dé lugar. Tienen que hacerlo y el argumento quizás al final es que genera trabajo, actividad económica y genera ganancias para las empresas que van construir algo así. Pero el aeropuerto en sí mismo no tiene ninguna justificación económica estricta, incluso en el seno mismo del sistema capitalista. Y menos para la gente que  le van a quitar sus tierras y que no necesitan a viajar en avión más de lo que están haciendo ahora. Es un sistema fundamentalmente absurdo, lógico en la dinámica de la creación del valor, la ganancia y el dinero, pero que no tiene ningún fundamento humano y social. En un sistema así, que tiene como motor la creación de ganancia a cualquier costo, no se puede hablar ni de decrecimiento, ni regulación, ni de un desarrollo sustentable que implique una cierta limitación. No es posible. O si no, es sólo un mercado más. La cuestión del desarrollo sustentable, los productos orgánicos, el fair trade, es un modelo de mercado también. Es un nuevo mercado. No puede ser de otra forma en el marco del sistema capitalista porque esa es su naturaleza y no lo vamos a cambiar ni a reformar en eso.

I-AV: Haciendo de abogado del diablo del sistema, tenemos la necesidad de cambiar nuestras fuentes de energía por fuentes renovables. Si se pueden producir bienes de consumo de una forma amistosa con el medio ambiente y los productores, ¿por qué no acoger estas iniciativas que buscan humanizar el sistema?

J.B.: Sí, energías renovables, hacemos el capitalismo verde amigable con la naturaleza… Ahí la cuestión fundamental es saber para qué necesitamos esa energía. Si estamos en el marco del capitalismo, que necesita esa energía para proyectos productivos que son dañinos para el medio ambiente, para la salud humana y que no tienen necesidad humana real, que la energía sea la contamina más o la contamina menos, da igual. Antes de poder plantear la cuestión de qué tipo de energía, el problema es saber para qué necesitamos esa energía. En el marco del sistema capitalista, como las fuentes de energía fósil se están agotando, necesitan encontrar otras fuentes que pueden ser las renovables.

El ejemplo del Istmo, el parque eólico. Puedo decir que lo veo bien, la energía eólica puede ser algo mejor que el petróleo. En este caso es construir un parque eólico sin el acuerdo de las poblaciones, se va a destruir el ecosistema del que están viviendo para la pesca, y todo esto es para servir de fuente de energía a empresas transnacionales que van a producir no sé qué tipo de pan Bimbo o lo que sea. Eso no lo queremos. 

Denuncia de Verónica Munier sobre la situación en el Istmo de Tehuantepec, Diciembre 31 de 2012.

Pero tampoco a partir de eso vamos a concluir que la energía eólica es una cochinada que vamos a rechazar para siempre. Si es nada más poner una pequeña hélice para dar la energía que necesita una comunidad y que en ese lugar puede funcionar, quizá está bien. Si esa comunidad decide que necesita una cierta cantidad de energía y que así puede no depender del sistema de generación eléctrica a nivel nacional ahí la eólica podría ser útil. Repito: ¿para qué necesitamos esa energía? La cuestión es que ahora en el sistema estamos usando una cantidad de energía para actividades productivas, producción de bienes y de servicios que son totalmente inútiles.

Me gustaría hacer un cálculo, un repaso de qué actividades en lo productivo en términos de bienes y servicios se están haciendo ahora, cuáles son las que realmente nos sirven, y cuáles están siendo generadas por el sistema, sus necesidades de producción ganancia y todo el aparato que es necesario para permitir eso. El sistema de transporte, también en cierta manera el Estado, la burocracia, etc. Por lo menos la mitad de lo que se está haciendo en términos de producción de bienes y servicios lo podemos quitar. Quizá más. Empezando con los ejércitos y la industria de armamento, la industria química, lo agroindustrial, las burocracias y los edificios que se construyen para ellas, los bancos, las compañías de seguro, la publicidad, etc, etc. eso es más de la mitad de lo que se está haciendo en el mundo ahora y eso lo tenemos que quitar. A partir de ahí la necesidad de energía que tenemos va a disminuir, por lo menos a la mitad y hasta más.

I-AV: Mencionaste en tu ponencia una tesis muy sugerente sobre la temporalidad del cambio revolucionario. Háblanos un poco de esto.

J.B.: La temporalidad revolucionaria tiene que ser múltiple. Primero lo inmediato de la construcción, aquí y ahora como han dicho muchos de los ponentes. Luego la inminencia de lo que se prepara. Tenemos que hablar aquí y en otros lugares de qué vamos a hacer y cómo nos vamos a organizar para conjugar nuestras acciones y nuestros pensamientos y también preparar lo que todavía no está. Eso es una temporalidad hacia el futuro. Eso es entrar en una discusión que es muy intensa, me parece. Claro, criticamos y ya rechazamos el modelo de la revolución en el futuro, cuando solo nos preparamos para una revolución cuando ya un día se dará el asalto, con las condiciones objetivas, al poder del Estado. Queremos un proceso revolucionario que empiece aquí y ahora. Lo dijeron muchos ponentes en el seminario, ya estamos en camino haciendo otros mundos. Ya se construye.

Gustavo Esteva decía que el mundo nuevo ya está, y en particular está en los caracoles y las comunidades zapatistas. Entonces hay esa temporalidad revolucionaria en el presente. Es también lo que dice John Holloway en sus libros, el último en particular. Pero yo creo que hay que cuidarse ahí porque a lo mejor hay gente que lo puede interpretar todo en el presente, solo podemos ver lo presente de la acción que hacemos aquí y ahora. Eso puede ser peligroso porque todo no está ahí. Si decimos el mundo nuevo que queremos ya existe, eso es una verdad y no lo es a la vez. Porque ese mundo está ahí en las montañas que están detrás de nosotros, pero de cierta manera no está. Todos sabemos que no es exactamente todavía lo que queremos y que ese mundo está atacado y lo tenemos que defender. Como dicen los zapatistas, pues falta lo que falta, y lo que falta es mucho a pesar de todo lo que han hecho los mismos compañeros zapatistas. Eso nos habla de la temporalidad de lo que todavía no está, de lo que falta y que nos implica reflexionar los pasos siguientes.

Entonces al decir que la revolución está en el futuro, falta algo. Decir la revolución es el hacer el aquí y ahora, le falta algo también. Tenemos que juntar esas distintas temporalidades. Le pongo en medio la inmediatez de lo que se prepara para las acciones de mañana y pasado mañana. Es un intento de juntar varias posiciones. Esa es mi sugerencia.

Día de la mujer con las Abejas de Acteal

Yabteclúm (Pueblo Viejo en tzoltzil, la lengua indígena de la zona) es una localidad del municipio de Chenalhó, en Los Altos de Chiapas. Queda en la orilla de la carretera que conduce de San Cristóbal de las Casas a Pantelhó. Ahí está la escuela secundaria a la que asisten los niños de la región, un campo de baloncesto que hace las veces de plaza central y una pequeña iglesia. El 8 de marzo de 2013 se produjo un movimiento de personas inusual para esta pequeña comunidad. Las mujeres de las Abejas de Acteal decidieron convocar a una marcha desde Yabteclúm hasta lo que Las Abejas llaman “la tierra sagrada de los mártires”. No es gratuita la denominación: el recuerdo de las 45 personas asesinadas (16 menores de edad, 20 mujeres y 9 hombres) en Acteal por grupos paramilitares el 22 de diciembre de 1997 aún da sentido y fuerza a la lucha de la Sociedad Civil Las Abejas, organización de resistencia pacífica fundada en 1992. Es muy probable que los paramilitares hayan contado con la connivencia del gobierno de Chiapas y nacional; eso está en proceso de ser dilucidado por los estrados judiciales internacionales.

Las víctimas de esa fatídica tarde decembrina son el eje sobre el que la organización construye sus denuncias en contra de lo que ellos llaman el “mal gobierno” en sus pronunciamientos públicos. La centralidad de las víctimas de la masacre se magnifica en la cotidianidad de los sobrevivientes. Un duelo permanente enluta las sonrisas de los hombres y mujeres que perdieron a sus familias en esa fecha terrible. Desde sus casas construidas con tablas de madera y cubierta de zinc exigen un par de derechos fundamentales: justicia y verdad.

La cita era a las 8:00 am. Llegamos a las 7:50 y ya las mujeres de la organización esperaban en la plaza. El atrio de la iglesia se vio súbitamente ocupado por las marchantes y sus acompañantes, algunos grupos de solidaridad con la organización y reporteros de medios libres. Después de un par de Padre Nuestros, Ave Marías y la bendición del párroco, la marcha emprendió el camino hacia Acteal. El convoy estaba encabezado por una camioneta desde la que las mujeres voceaban consignas a través de un altavoz. Tras ellas caminaron cientos de mujeres con pancartas y flores en sus manos. La columna de la manifestación la cerraban los hombres y los invitados nacionales e internacionales.

A unos pocos metros de Yabteclúm comenzó el asedio pasivo-agresivo de la fuerza pública: carros de la policía estatal y camiones militares pasaron junto a la marcha dejando tras de sí el agridulce sabor de la represión posible, latente. Más adelante un camión militar esperaba estacionado el paso de la caravana mientras soldados armados miraban arrullados por el ronronear vagamente amenazante del motor diesel. En fin, nada inesperado en estos días de criminalización de la protesta social así esta sea pacífica.

Militares observan el paso de la marcha de las mujeres desde su camión.

El sol estaba en el cénit cuando la marcha llegó al campamento militar ubicado a pocos metros del municipio autónomo Zapatista de San Pedro Polhó. Las mujeres traían un mensaje para el ejército mexicano que fue leído a los soldados de guardia frente a la guarnición. De cara a las armas legales del Estado las mujeres gritaron a los cuatro vientos que “como sobrevivientes no olvidamos lo que pasó y seguimos en pie, aquí estamos para demostrarles que no tenemos miedo, aunque el gobierno no nos tome en cuenta, seguimos aquí, ¡no nos cansaremos de exigir justicia!”. Arengas como “Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él” acabaron de clarificar el mensaje a los militares.

Ese momento marcó el pico de la manifestación. Después de plantar cara a las Fuerzas Armadas las mujeres continuaron su marcha hacia Acteal, tierra sagrada. Una vez allí, se realizó una ceremonia religiosa en la que se recordaron las víctimas de la masacre y las mujeres dieron lectura a otro comunicado. Su valor se vio reflejado en el llamado a otras mujeres que aún no se han organizado: “invitamos a las compañeras: no teman en decir la verdad, a denunciar el maltrato del  gobierno […] decimos a todas aquellas que todavía no han salido para organizarse o atrevido a decir que sus esposos les maltratan: nosotras queremos que sepan que tienen derechos”. 

Las mujeres de Las Abejas no sólo se quedaron en el mensaje a las compañeras. También mostraron que su compromiso político de lucha pacífica en contra de la arbitrariedad y la violencia del Estado después de 20 años de haberse fundado la organización y de 15 de la masacre de Acteal no se detiene: “estamos en la organización para exigir justicia porque vemos que el gobierno únicamente tiene intenciones para acabar con lo que hacemos, pero les decimos que seguimos en la resistencia.” El espíritu de estas mujeres muestra cómo es posible construir espacios de autonomía y libertad en medio de la represión y el acoso estatal y de cómo el amor es sinónimo de lucha. Lucha que siembra las semillas de un mejor futuro para los niños y niñas que sin haber aprendido a hablar ya caminan una senda de resistencia en compañía de sus madres.

Más imágenes del Día Internacional de la Mujer con Las Abejas de Acteal aquí.