Policía Comunitaria y Autodefensa en Guerrero

Impar AV visitó Guerrero para reportar sobre la situación con la autodefensa y la policía comunitaria en los municipios de Ayutla de los Libres y San Luis Acatlán. Esto es lo que encontramos.

“Cuando empezaron estaba chingón, la malilla se fue del pueblo y ya no tocaba pagar por piso [impuestos cobrados por el crimen organizado], ni las extorsiones, se pararon los secuestros. Ahora el problema es que la cooperación voluntaria que cobraban al principio ya no es tan voluntaria. Están poniendo cuotas obligatorias por cada casa... ¡Al menos la malilla daba más trabajo!”. Albañil de Ayutla de los Libres, jueves 30 de mayo de 2013.

“No damos información a la prensa porque cuando empezamos la prensa sacó cuánta gente habíamos arrestado y nosotros los teníamos según los usos y costumbres, pero llegaron los de derechos humanos diciendo que los teníamos que liberar y pues tocó… se los entregamos a la policía y ellos dieron su lana y quedaron libres. Ahora no decimos cuántos tenemos ni informamos de nada por eso. Si preguntan si los tenemos o no, decimos que no sabemos nada, que no los tenemos. Así, si se ponen de rebeldes no existen pues, los desaparecemos”. Miembro del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSYJC) de Ayutla de los Libres, viernes 31 de mayo de 2013.

“¿Que qué pienso de la policía comunitaria [como se presenta la autodefensa en Ayutla]? ¡Que está de poca madre!”. Comerciante de Ayutla de los Libres 1 de junio de 2013.

Ayutla de los Libres queda en la zona del estado mexicano de Guerrero conocida como la Costa Chica. Hay que desviar hacia el norte en la autopista México 200 en Cruz Grande, a unos 70 kilómetros de Acapulco y recorrer 40 minutos por una carretera que serpentea a través de una ardiente planicie punteada por exuberantes palmeras y arbustos secos, pero aún verdes. Varias lagartijas toman el sol sobre la vía y algunos zopilotes dibujan círculos en el cielo. La aridez está en su apogeo en esta época del año, finales de mayo, gracias a una larga temporada sin lluvias. Los campos tienen un color negro y gris por las quemazones previas a la siembra de las milpas que ya están siendo plantadas, aprovechando las primeras lluvias del año.

Un enorme pasacalle verde limón con letras blancas fosforescentes da la bienvenida a los visitantes. Debajo de éste hay un retén militar. Camiones, automóviles, camionetas de transporte público, motocicletas, casi nadie se salva de la recepción de las Fuerzas Armadas. Las medidas de seguridad no son porque sí: Ayutla era conocido hasta hace unos meses por ser un paraíso para el crimen organizado y un infierno para todos los demás. Desde el 6 de enero el panorama ha cambiado radicalmente en las calles del municipio.

Muchos pobladores y versiones de prensa afirman que acabar con el crimen, o reducirlo a su mínima expresión, fue posible gracias a la conformación y puesta en marcha del grupo de autodefensa de Ayutla, conocido posterior a su legalización en abril como Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSYJC), adscrito a la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG). El detonante de la reacción popular en contra de las bandas organizadas habría sido el secuestro de Eusebio García, comisario de la comunidad de Rancho Nuevo y miembro de la UPOEG, sucedido el 5 de enero. Indignados por la inacción policial, varios indígenas y mestizos de Ayutla y Tecoanapa se habrían armado al día siguiente para organizar el rescate y montar una estructura de autodefensa comunitaria. De la noche a la mañana, literalmente, la UPOEG pasó de exigir un cobro más justo de la tarifa de la energía eléctrica y abogar por mejoras en las vías rurales, la salud y la educación a convertirse en una estructura militar integrada por vigilantes armados con una fuerte presencia en los cascos urbanos. Sus rondas, en patrullas a pie o en camionetas de platón, recorren las calles de Ayutla y otros municipios del estado.

Según las versiones de este estilo, las autodefensas adscritas a la UPOEG, integradas por ciudadanos enmascarados armados con escopetas, fusiles y algunas pistolas viejas desmontaron peligrosas bandas de narcotraficantes, secuestradores y extorsionistas, y controlaron la delincuencia común. La manera decidida en que enfrentaron el crimen organizado permitió el regreso de la paz, el orden y la tranquilidad a un pueblo que vivía atemorizado y sometido al poder de las bandas criminales. Ahora se han expandido y tienen presencia en varios municipios de Guerrero. 

Entrevista a un comerciante de Ayutla de los Libres.

¿Parece una historia salida de las páginas de un guión de Hollywood? En cierta forma lo es. Lo que sucedió en Ayutla y algunos municipios vecinos no es Los Intocables: South of the Border. Los grises son varios y de distintos matices. El costo de la seguridad alcanzada en Ayutla y los demás municipios en los que se implantó el sistema de autodefensa fue la toma de facto del poder policial por parte de bandas armadas sin mayor control ni veeduría del gobierno municipal y/o la sociedad civil; no muy diferente a lo que pasa con las policías municipales, estatales o federales, al menos en lo que toca a la sociedad civil —pero esa es otra historia.

Al mismo tiempo, la gente reconoce los beneficios que han traído las fuerzas de autodefensa y muchos pobladores prefieren su presencia a la de los delincuentes. Varios colaboran con la autodefensa: patrullan, les dan dinero o les llevan comida. Sin embargo, se rumora (porque nadie se atreve a asegurar nada al respecto) que la colaboración monetaria, que en principio era voluntaria, se ha vuelto de carácter obligatorio. Muchos de los patrulleros son obligados a participar de la autodefensa por la pertenencia de sus comunidades a la estructura de seguridad. Hay hombres que preferirían estar cuidando sus parcelas o sus cabras a andar armados tres veces a la semana cubriendo turnos de 24 horas mientras sus campos están abandonados. Hay una estrecha colaboración con el gobierno: junto a los rifles de caza y las escopetas se ven modernos fusiles de asalto de alto calibre suplidos por el gobierno estatal. Fuentes policiales también afirman que hay colaboración con la policía municipal para realizar operativos en los centros urbanos.

Tras la espectacular aparición de las autodefensas de la UPOEG y la captura de varios criminales se produjo un gran despliegue mediático que cubrió su surgimiento. En ellas se les presentó como la policía comunitaria que es, en realidad, una estructura de mayor antigüedad creada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) en 1995. Esta confusión fue propiciada por Bruno Plácido Valerio, fundador de la UPOEG. Plácido, que también participó en la fundación de la CRAC-PC, estableció la UPOEG en enero de 2011 como consecuencia de la derrota sufrida por él y su grupo en una elección de coordinadores, la máxima autoridad de la CRAC-PC. Sin el control sobre la CRAC-PC,  Plácido y sus colaboradores buscaron imponer su liderazgo sobre las comunidades por una vía alternativa, apoyada por el gobierno estatal en cabeza del gobernador Ángel Aguirre. Desde enero Bruno Plácido Valerio ha aparecido en la prensa de la mano del gobernador en varias ocasiones. En las comunidades se comenta que Bruno es el “dedo chiquito del gobernador”. También se sabe de los intereses políticos de los hermanos Plácido: buscan convertir los ejidos de los que son oriundos en municipios y lograr la diputación por Guerrero para Bruno, cómo lo llaman los habitantes para diferenciarlo de su hermano Cirino, otro miembro de importancia dentro de la UPOEG.

Casa de Justicia de la CRAC-PC en El Paraíso, Ayutla de los Libres, Gro.

La CRAC-PC surgió en 1995 como una respuesta a la criminalidad que en esos años campeaba libremente por la Costa Chica y las montañas de Guerrero con la complicidad por acción u omisión del aparato estatal. Las comunidades ñuu savi (mixtecos) y me'phaa (tlapanecos) se organizaron en torno a la CRAC-PC para protegerse y establecer una instancia de administración de justicia fuera del corrupto sistema judicial del Estado.

Casa de Justicia de la CRAC-PC, en El Paraíso, Ayutla de los Libres, Gro.

Paulatinamente la CRAC-PC fue haciéndose un espacio en la agenda política de Guerrero por medio del establecimiento de un sistema de policía, justicia y reeducación según los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Los detenidos son sometidos a un juicio en una de las cuatro casas de justicia con las que cuenta la organización y de ser condenados, son puestos a trabajar en proyectos de beneficio comunitario. Ahora cuenta con presencia en varios municipios y en su estructura participan las 5 etnias del estado. ñuu savi, me’phaa, náhuatl, ñomndaas (amuzgos) y afrodescendientes. Con el pasar del tiempo y la consolidación de la organización, la CRAC-PC ha expandido sus actividades hacia la constitución de proyectos productivos, asociaciones de mujeres, entre otras: sin embargo, el núcleo duro de la organización sigue siendo el sistema comunitario de policía, justicia y reeducación.

Preso en proceso de reeducación en El Paraíso, Gro.

Presos construyen una cisterna como parte de la
reeducación en El Paraíso, Gro.

Los juicios de los criminales capturados durante los primeros días de actividad de la autodefensa fueron transmitidos por varios medios. Sin embargo, su incapacidad para lidiar con los presos, la 

negativa de la CRAC-PC de recibir reos que no fueron juzgados en su sistema de justicia y la ausencia de un sistema penal de la UPOEG, condujo a la entrega de los detenidos al sistema ordinario de justicia. Con la honda corrupción a nivel local los delincuentes con mayor capacidad económica (generalmente los más peligrosos) fueron liberados prontamente. El mandato del gobierno estatal a las autodefensas de regularizar su accionar emitido en abril (quitarse las máscaras, usar uniformes) ha atemorizado a sus integrantes por las posibles represalias de los criminales liberados, de ahí que la represión en contra de los extraños que visitan Ayutla se ha intensificado en los últimos meses.

Capturados esperan la definición de su situación jurídica según el sistema de justicia de la CRAC-PC. San Luis Acatlán, Gro.

Prisionero recibe una visita. San Luis Acatlán, Gro.

Ahora Ayutla vive bajo una la ley marcial impuesta por la autodefensa.  ¿Toque de queda, allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias? Cosa de todos los días. ¿Violaciones al debido proceso, abusos de autoridad, presiones e intimidaciones a la prensa por parte de la SSYJC? Sí, es usual. En voz baja incluso se menciona la desaparición de capturados por "ponerse rebeldes". En síntesis, en Ayutla se produjo la imposición de una paz armada, del imperio de la violencia de una fuerza paraestatal aliada con el Estado, con la anuencia de la población civil, para acallar la violencia criminal, que, no obstante, aún permanece latente. Una paz paradójica que, como se ha visto en otros casos en América Latina, conduce a resultados nefastos.

En Guerrero, uno de los estados más pobres de la república méxicana (y en una ecuación perversa, usual en América Latina, con gran población indígena) hay más de 600 concesiones mineras, la mayoría de ellas de empresas canadienses. En las zonas en cuestión los proyectos más importantes son “La Diana” en manos de la canadiense CAMSIM y “Corazón de las Tinieblas” de la inglesa Hochschild. Los títulos de concesión para la extracción minera en los territorios indígenas se han otorgado violando varios de los mecanismos legales establecidos para la proteger los derechos indígenas, entre ellos el de la consulta previa. 

Policías comunitarios esperan por su comida mientras durante
la asamblea de  la CRAC-PC. San Luis Acatlán, Gro.

El establecimiento de la UPOEG tiene un fin ulterior: fracturar el sistema de seguridad comunitario establecido por la CRAC-PC.  El mito fundacional creado por los grandes medios para la autodefensa oculta un profundo conflicto al interior de la CRAC-PC propiciado por la UPOEG y enmascara una estrategia gubernamental que apunta a la desestabilización de las autonomías locales logradas por la CRAC-PC en el estado de Guerrero.Se busca desarticular las comunidades indígenas, dividir la organización de base y favorecer la entrada de empresas mineras transnacionales a los territorios comunitarios de la Montaña y la Costa Chica guerrerense. La UPOEG ha usado varios medios para lograr el debilitamiento de la CRAC-PC, entre ellos el de presentarse como la CRAC-PC durante el levantamiento de enero en Ayutla, la cooptación de comunidades pertenecientes a su estructura y la ocupación de la casa de justicia de San Luis Acatlán, de gran importancia simbólica para la CRAC-PC.

Policía comunitario, San Luis Acatlán, Gro.

Asamblea de la CRAC-PC, 1 de junio, San Luis Acatlán, Gro.

Contrario a la forma en la que funciona la CRAC-PC, con varios niveles de consulta en las comunidades para la toma de decisiones, y en la que se destaca la elección de autoridades por medio de la democracia directa y popular, la UPOEG está verticalizada en torno a su fundador y en todos sus niveles. Las decisiones no son consultadas, lo que permite que la organización funcione en beneficio de los intereses de los Plácido y sus aúlicos. El permanente contrapunteo a nivel de base con la CRAC-PC y la alianza establecida con el gobierno de Ángel Aguirre revela hasta que punto la UPOEG es un instrumento al servicio de los Plácido, que son, en últimas, peones en el ajedrez montado por el Palacio de Gobierno con sede en Chilpancingo, la capital de Guerrero. 

Eliseo Villar, coordinador de la casa de Justicia
de San Luis Acatlán, Gro. en la asamblea del 1 de junio.

La confrontación de baja intensidad entre la UPOEG y la CRAC-PC, y entre ésta última y el gobierno estatal ha ido escalándose en los últimos meses. Los días 1 y 2 de de junio hubo una asamblea de la CRAC-PC en la casa de justicia de San Luis Acatlán. El motivo, una citación de los coordinadores para responder a unas acusaciones de corrupción que se les imputaba. El sábado 1, una asamblea que parecía rutinaria fue interrumpida por un anuncio: la UPOEG celebraría su propia reunión al día siguiente en el auditorio del pueblo. Inmediatamente se tensó el ambiente y el tema cambió sustancialmente.

"El respeto a nuestros derechos será justicia" Escudo de la CRAC-PC.

Lo importante fue asegurar la no repetición de la toma de la casa de justicia y diseñar un mecanismo para evitar la cooptación de más comunidades por la UPOEG. A la pregunta de si se defendía el sistema comunitario establecida por la CRAC-PC  o si se abandonaba a las pretensiones de la UPOEG la respuesta fue unánime y contundente: “a los chingadazos” en caso de una amenaza armada. Afortunadamente, una situación que podría haber derivado en un enfrentamiento fratricida fue conjurada por la debilidad de la UPOEG a nivel de base. La convocatoria a su reunión fue mínima y la resolución producida en ella, llamando a los coordinadores de la CRAC-PC a dimitir nunca fue entregada a la asamblea reunida en la casa de justicia.

Eliseo Villar habla sobre Bruno Plácido y la formación de la autodefensa en Ayutla

en la Asamblea de la CRAC-PC, 1 de junio de 2013, San Luis Acatlán, Gro. 

Policía comunitario disponiéndose para la patrulla nocturna.
1 de junio, San Luis Acatlán, Gro.

Policías comunitarios antes de la patrulla
nocturna. 1 de junio, San Luis Acatlán, Gro.

Entrega de armas del 3 de enero en la
casa de justicia de San Luis Acatlán, Gro.

El último encontronazo entre el gobierno y la CRAC-PC fue propiciado por la captura en Acapulco de los coordinadores y algunos policías de la CRAC-PC. Fueron acusados de portar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y puestos bajo custodia. Los miembros de la organización reaccionaron rápidamente. Bloquearon cuatro carreteras, y desarmaron y capturaron a varios agentes municipales y ministeriales. El gobierno se vio forzado a liberar a los detenidos debido a la presión ejercida por los policías comunitarios y el tenue manto legal con el que pretendían cubrir el arresto. LA CRAC-PC respondió con la liberación de los agentes detenidos. Así, se propició una negociación de igual a igual entre el gobierno estatal y la CRAC-PC para la entrega de prisioneros y, posteriormente de las armas decomisadas por la CRAC-PC a los representantes del gobierno y el pago de este último por los fusiles tomados en Acapulco, entrega que se produjo el lunes 3 de junio en la casa de justicia de San Luis Acatlán.  Eliseo Villar Castillo, coordinador de  la casa de justicia, y uno de los que cayó preso en Acapulco, aprovechó la ocasión para recordarle al enviado del gobernador lo importante que es que tanto el gobierno como la UPOEG respeten el territorio comunitario. Villar instó al representante del gobierno a aplacar a la UPOEG pues en caso de que ésta intente tomarse la casa de justicia nuevamente tendrá que hacerlo por la fuerza.

En Guerrero se están produciendo varias presiones sobre las comunidades. Distintos individuos, grupos  instituciones y corporaciones están buscando consolidar su poder en diferentes escalas. Los hermanos Plácido desean satisfacer sus ambiciones políticas; la UPOEG intenta quitarle comunidades a la CRAC-PC para fortalecer su posición; la CRAC-PC se mantiene en una actitud defensiva frente a la UPOEG y el gobierno municipal, estatal y federal, ganando victorias coyunturales en todos los casos, ninguna de ellas definitiva; los gobiernos municipales se hacen los de la vista gorda con las arbitrariedades de la autodefensa para conservar el favor de los sectores pudientes de la sociedad local y así mantener intacta la estructura clientelista que los mantiene en los ayuntamientos; el gobierno estatal apoya a la UPOEG en detrimento de la CRAC-PC para debilitar lo que seguramente es visto, en el mejor de los casos, como una rueda suelta y en el peor como una amenaza a la institucionalidad para favorecer a las concesionarias mineras transnacionales; el gobierno federal está a la espera, procurando continuar la profundización de su modelo de desarrollo económico, modificando la constitución cuando es posible y obviándola cuando lo ve necesario; las multinacionales esperan que las condiciones estén dadas para iniciar sus megaproyectos mineros e inflar sus utilidades. Con tantas pugnas en desarrollo y tanto dinero en juego el peligro para las comunidades que están en medio de ellas es inminente.