Rueda de Prensa de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular

El 10 de marzo se realizó una rueda de prensa en la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en la que se trataron varios temas de interés nacional. En esta entrada examinaremos algunos de los temas tratados. Participaron Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC; Alirio Uribe, representante a la Cámara; Aída Abella por la Unión Patriótica (UP); Emigdio Pertuz, de ANAFRO; César Jerez, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC);  Teófilo Acuña por el Congreso de los Pueblos; Oscar Salazar de Marcha Patriótica; Jeison Pava del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE); José Esquivel, vocero de Paz y Pedagogía y el edil de la localidad de Engativá, Alejandro Rivera.

Reclamaciones de tierra en el Cauca

El Cauca está que arde. Los indígenas del norte del departamento reclaman más de 20 mil hectáreas de tierras. El movimiento indígena inició un proceso de ocupación de las fincas Quebrada Seca, Miraflores, Granadita y García, llamado por ellos “liberación de la madre tierra”. Según el movimiento indígena la inacción del gobierno en la reparación colectiva en materia de tierras por la masacre de Nilo y el incumplimiento de acuerdos ya pactados los forzó a tomar medidas de hecho. La respuesta del Estado ha sido contundente. Despliegue del ESMAD, presencia de helicópteros, retenes militares y patrullaje de vehículos de guerra son algunas de las acciones tomadas por el gobierno para lidiar con las reclamaciones de los Nasa. Los enfrentamientos entre indígenas y fuerzas de policía que se producen desde el 24 de febrero han dejado una nutrida lista de heridos en ambos bandos, incluyendo víctimas de ataques con arma de fuego.

Las tierras que están en disputa son reclamadas por los indígenas caucanos tras un acuerdo hecho con el gobierno nacional en compensación por la masacre de Nilo, ocurrida en 1991. En esa ocasión 20 indígenas fueron asesinados después de haber ocupado una parcela en 1987 y que consideraban territorio ancestral. En 1991 la tierra fue vendida y los nuevos propietarios propiciaron la masacre en la que participaron agentes de la fuerza pública. En 1995 Ernesto Samper, ex-presidente de Colombia, pidió perdón en nombre del Estado por la masacre y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado colombiano por los hechos en 1999. La CIDH consigna en su informe que “en vista de la información recabada durante este proceso, así como del reconocimiento de responsabilidad de la República de Colombia, [la CIDH] concluyó que agentes del Estado junto a un grupo de civiles violaron el derecho a la vida [de las víctimas]”.

Los estrados judiciales nacionales también se han pronunciado sobre el caso: en 1995 se produjeron condenas penales contra tres personas que aceptaron su responsabilidad en la masacre, el año pasado el Consejo de Estado dejó en firme una condena contra la nación, y el 6 de marzo se reabrió el juicio en contra de los oficiales retirados de la Policía, Fabio Alejandro Castañeda Mateus y Jorge Enrique Durán Argüelles por estos hechos. El caso ya había sido desestimado por la Justicia Penal Militar. 

Mientras se producen los enfrentamientos en el norte del Cauca, el resto del país toma partido: desde la derecha se ha condenado la protesta sin atenuante alguno. La senadora Paloma Valencia afirmó en su cuenta de Twitter que “las tierras del Cauca son de sus dueños legales; lo de los indígenas es una invasión violenta con ataques sobre policía”. Juan Fernando Cristo, ministro de Interior, afirmó el 10 de marzo que “este gobierno, como ningún otro, ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas” y que está abierto al diálogo con estas comunidades. También señala que “lo que el Gobierno no va a tolerar es la invasión de predios que tienen legítimo propietario ni los bloqueos de vías”. Los movimientos sociales denuncian la agresión estatal y piden que se cumplan los acuerdos sobre tierras.

Declaración de Luis Fernando Arias (ONIC)

Instalación de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Mesa Única Nacional

Otro de los temas sensibles tocados durante la rueda de prensa se refiere a la Instalación de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Mesa Única Nacional. El gobierno ordenó la creación de esta instancia por medio del Decreto 870 del 8 de mayo de 2014. El artículo 9 del decreto dictamina que “[e]n el proceso de interlocución se respetarán los derechos otorgados en la Constitución y la Ley a los participantes y voceros de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Así mismo, se creará una subcomisión que aborde el tema de garantías y derechos humanos”.

El comunicado de prensa del Ministerio del Interior fechado el 10 de marzo señala que “El Ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, instaló la Subcomisión de Derechos Humanos contemplada en el decreto 870 [...] Igualmente reiteró su preocupación y rechazo por las amenazas de que han sido objeto líderes sociales y defensores de derechos humanos en distintas zonas del país”. Distintos voceros de los movimientos sociales rechazaron el pronunciamiento y manifestaron que la Subcomisión no había sido instalada efectivamente. Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC afirmó que “nosotros, desde la Cumbre, como voceros de orden nacional rechazamos este tipo de afirmaciones que faltan a la verdad de lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que el señor ministro se fue de la reunión de la Subcomisión de Derechos Humanos y por eso no pudimos avanzar.” Emigdio Pertuz, líder de las comunidades afrocolombianas del Chocó afirmó que “¿como en plena instalación de la Subcomisión de Derechos Humanos, que debe dar las garantías para que la comisión de la Mesa Única pueda negociar el pliego de peticiones que ha sido planteado al gobierno nacional, el ministro sale y abandona el recinto sin decir absolutamente nada y prácticamente se escapa de su responsabilidad legal y constitucional?”

El desacuerdo entre los representantes de la Cumbre Agraria y el gobierno nacional apunta a un problema de fondo en la Mesa Única Nacional. La precaria confianza entre las partes se evidencia en las posiciones encontradas en lo que se refiere a la creación de una instancia que debe velar por el establecimiento de garantías mínimas y la protección de los derechos humanos de los interlocutores del gobierno en la Mesa Única Nacional.

La Cumbre Agraria afirma que hay incumplimiento del gobierno en la instalación 

de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Mésa Única Nacional.

Violaciones a los Derechos Humanos en 2015

En la rueda de prensa se lanzó el Balance Situación de Vulneración de DDHH e Infracciones al DIH. Según la información presentada por la Cumbre Agraria, se han cometido varias violaciones a los derechos fundamentales en lo corrido del año:

Violaciones a los DDHH e infracciones al DIH	Impacto del hecho
Acción Bélica	110
Amenaza Colectiva	16
Amenaza Individual	35
Atentado Individual	2
Atentado Colectivo	2
Confinamiento	1.500
Desplazamiento Forzado	671
Detención Arbitraria	20
Asesinato Selectivo	15
Ejecución Extrajudicial	1
Allanamiento Ilegal	1
Total general	2.373

Los integrantes de la mesa denunciaron una serie de casos puntuales de diversa índole en varios lugares del país. Hay una creciente preocupación por el renacer de estructuras paramilitares en las regiones y por el aumento de amenazas y atentados contra actores políticos de izquierda en Colombia. Algunos voceros manifestaron su descontento por lo que llamaron fallas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que han conducido a situaciones que ponen en riesgo la vida de activistas políticos. También señalaron que habría corrupción dentro de la UNP. Por ultimo, se hizo énfasis en lo que serían abusos de la fuerza pública en su accionar represivo sobre la movilización popular.Estas denuncias se presenta en el siguiente video. 

Denuncias de violaciones de DDHH en Colombia durante 2015

Entrevistas

César Jerez (ANZORC)

Aída Abella (UP)

Es claro que los movimientos sociales están muy pendientes de lo que sucede en los diálogos de La Habana y que su interpretación de la coyuntura actual pasa por la mesa de negociaciones. Queda esperar que la decisión del gobierno de suspender los bombardeos por un mes y establecer la Comisión Asesora para la Paz (compuesta por Clara López, presidenta del Polo Democrático, Antanas Mockus, la líder indígena Ati Quigua, el cardenal Rubén Salazar, Vera Grabe, exsenadora y antigua miembro del M19, el presidente de Bancolombia Carlos Raúl Yepes, Julio Roberto Gómez de la Confederación General del Trabajo, el general (r) Rafael Samudio, y la exministra de cultura Paula Moreno) contribuye a generar un acercamiento honesto entre el oficialismo y los movimientos sociales. 

En la situación actual se hace necesario fomentar un diálogo dentro de las fronteras colombianas que involucre a los distintos sectores de la sociedad que están en oposición al gobierno (e incluso los que se oponen al proceso de La Habana) para que todas las voces sean oídas y así construir un futuro en paz sobre unas bases sólidas de respeto, comprensión y pluralismo. En esto la responsabilidad del gobierno es grande: debe proteger a los distintos interlocutores de los sectores violentos que los amenazan.

Con el puño en alto

Hace dos años gran parte de la humanidad estaba aliviada por no haber muerto en un apocalipsis de agua y fuego. Una vez más quedó demostrado que el ser humano puede llegar a tener una capacidad impresionante para no aprender. Tras superar incontables fechas del fin del mundo, millones de personas se dejaron convencer por un pastiche de alienígenas ancestrales, mayas, nueva era, apocalipsis, miedo, trece baktun y tonterías varias difundido hasta la saciedad por medios de comunicación. Multitudes temieron que los días del calendario no irían más allá del 21 de diciembre de 2012. Hace dos años el Ejército Zapatista de Liberación Nacional veía como su nombre y sus rostros ocultos aparecían en prensa luego a la marcha silenciosa con la que regresaron a la luz pública tras una breve ausencia. Como el mundo no se acabó (y en anticipación a lo que será el Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías a realizarse en México del 22 de diciembre al 3 de enero del año próximo organizado por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena de México) podemos presentarles un fotoreportaje a sobre de lo que sucedió en Palenque, Chiapas el 21 de diciembre de 2012. Una versión de este reportaje fue publicado en el http://elantagonista.com/. 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es una insurgencia poco común. Popular a nivel nacional y con un gran apoyo internacional, el EZLN ha logrado mantenerse vigente políticamente a pesar del discurso en contra del terrorismo y el clima intelectual de derecha que prevalece en la élite y los grandes medios mexicanos. EL EZLN ha construido una alternativa de vida que se hace manifiesta en los caracoles, municipios autónomos y las comunidades de base, dando pie a la formación de una estructura social paralela y en contravía a la que busca imponerse sistémicamente en el resto del mundo desde la promulgación del Consenso de Washington.

Su dramática aparición pública se produjo el 1 de enero de 1994: ese día se tomaron militarmente varias ciudades del estado de Chiapas. En ese momento los zapatistas ya acumulaban un proceso de 10 años de organización de base en las selvas y montañas chiapanecas y su plan era iniciar una guerra popular prolongada (de corte maoísta) desde Chiapas con el fin último de conquistar la Ciudad de México.

En el momento del alzamiento armado el Muro de Berlín había sido derribado, la Unión Soviética no era más que un recuerdo y el libre mercado se había convertido en dogma de fe. La opresión comunista tenía que caer para que los gobernantes del "mundo libre" pudieran introducir el doblepensar orwelliano en todo el planeta repitiendo un guión ya trajinado: llevar la libertad y la democracia en las alas de aviones de combate y botas de soldados a países con recursos naturales escasos o donde hay poderosos intereses de las compañías multinacionales.

Mientras los políticos celebraban el final de la Guerra Fría, los intelectuales adeptos al sistema llevaron el ánimo festivo a sus escritos. El caso más sonado fue el de Francis Fukuyama que declaró “el fin de la historia”. Según el politólogo estadounidense la humanidad había llegado al máximo estadio de desarrollo filosófico, político, social y económico, representado, claro está, por el sistema capitalista en su variante democrático-representativa, liberal, individualista y monetarista. De acuerdo a este y otros autores, el mundo soñado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que en paz descansen, parecía bien encaminado a hacerse realidad. Al menos en América Latina los políticos seguían obedientemente el paso dictado por Washington: ese mismo 1 de enero de 1994 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la cereza en el pastel de reordenamiento neoliberal impulsado por Carlos Salinas de Gortari durante su sexenio.

A pesar de la ambición inicial, la fase armada del alzamiento duró 12 días. El EZLN, en vista de la evidente superioridad de las tropas regulares mexicanas, cambió de estrategia revolucionaria y táctica política. Sin embargo, su irrupción borró de un plumazo la teoría del fin de la historia y demostró que aún quedaban espacios no conquistados por la ideología neoliberal. También quedó claro que los pueblos indígenas del sureste mexicano tenían voluntad para resistir el embate del nuevo orden mundial, y que la intención de transformar el sistema político y económico imperante hacía parte de su horizonte de acción.

El silencio de los fusiles trajo una transformación importante en la práctica política del EZLN. Los zapatistas se dedicaron a construir un nuevo tipo de sociedad en los espacios bajo su control en Chiapas y a aprovechar los nuevos medios de comunicación, principalmente el internet, para consolidar su lucha en dos planos: el social-comunitario y el simbólico, creando así una insurgencia pacífica con valores de resistencia y construcción de alternativas de vida. Su propuesta y sus símbolos alcanzaron resonancia global. Desde entonces el EZLN ha sido un protagonista de la política mundial y es en un ejemplo de lucha y organización para distintas expresiones de la izquierda, que los visita en la Selva Lacandona o Los Altos de Chiapas. Su importancia como faro político es superlativa, teniendo en cuenta que aparecieron cuando la izquierda había dejado caer las banderas de la lucha revolucionaria y se había abandonado a la apatía y el cinismo tras el fracaso del "socialismo realmente existente".

Con la firma del acuerdo sobre Derechos y Cultura Indígena (conocido como acuerdo de San Andrés) en 1996, el único documento suscrito entre el EZLN y el gobierno mexicano, el gobierno federal reconoció derechos extensivos a todos los pueblos indígenas mexicanos. Derechos que, por demás, nunca fueron efectivamente respetados por los gobiernos federales ni estatales. En la ocasión hubo otras cinco mesas temáticas programadas (Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo, Conciliación en Chiapas, Derechos de la Mujer en Chiapas y Cese de hostilidades) pero ninguna produjo un documento culminatorio.

En Chiapas aún hay guerra de baja intensidad contra el EZLN.  El asesinato de José Luis Solís López, Galeano, el 2 de mayo de 2014 a manos de paramilitares es una prueba más de ello. No hay que olvidar que los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto han profundizado los esquemas económicos y legales que enriquecen a las capas más ricas de la sociedad en perjuicio del resto de los mexicanos. Por eso el EZLN no cesa de reclamar "trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz" como quedó consignado en la Primera Declaración de la Selva Lacandona. Por eso sigue vigente y  han resistido pacífica, tenaz, digna e irreductiblemente.

El EZLN se ha sintonizado con la izquierda mexicana y mundial por medio de poderosos gestos simbólicos, la inclusión en su programa de reivindicaciones medioambientales y de género, y los golpes de opinión asestados en sus declaraciones públicas. Las sucesivas Declaraciones de la Selva Lacandona (ya van en la Sexta emitida en 2005), la Otra Campaña de 2006 para mostrar cómo se vive la política desde abajo y a la izquierda (como se repite incansablemente en el argot zapatista) en medio de la campaña presidencial que llevaría al poder a Felipe Calderón, la constante corresponsalía del Subcomandante Marcos en distintos medios audiovisuales y escritos, y el reciente difuminamiento de su figura para darle paso al nacimiento del Sup Galeano son solo algunos ejemplos del carácter de profundamente pedagógico y simbólico de la práctica política zapatista.

El 21 de diciembre de 2012 se produjo otro de estos gestos memorables. Los zapatistas volvieron a hacerse presentes en las ciudades que habían sido testigos de la incursión de 1994. Esta vez no hubo disparos, gritos y explosiones. No hubo gente corriendo por las calles. No hubo destrucción ni muerte. El mismo día en el que muchos ingenuos esperaban el fin del mundo, las mujeres y hombres de las comunidades autónomas y en rebeldía zapatistas caminaron por las calles de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano y Palenque. Marcharon en silencio, con el puño en alto. Marcharon para decirle al mundo que aún están presentes porque las causas fundamentales del alzamiento siguen presentes. Ese día en Palenque, bajo una intensa lluvia, se registraron las imágenes que acompañan este artículo.

Visita al Planeta Rojo

¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen que vas a transitar por la carretera internacional? La primera pregunta que harías seguramente sería ¿en qué lugar del mundo queda? Te voy a dar una respuesta intencionalmente vaga: en América Latina. Si eres optimista quizá te imagines una autopista con varios carriles en ambos sentidos. Si no lo eres tanto pensarás en una carretera amplia, bien señalizada con un nutrido flujo vehicular. Si eres realista probablemente pensarás en una carretera de un solo carril, pero eso sí, asfaltada, tal vez algo rota, pero asfaltada. Luego, si te informan que la carretera internacional demarca la frontera entre República Dominicana y Haití entre los poblados dominicanos de Restauración y Pedro Santana podrías hacer un juicio algo distinto al que hiciste inicialmente. Sin embargo seguramente lo que imaginaste dista bastante de lo que vas a ver. Nada te prepara para lo que te encuentras al emprender el camino por los 48000 tortuosos metros de la pomposamente bautizada trocha.

Según cuentan algunas personas de la región, la vía construida entre 1937 y 1942 gracias a un acuerdo bilateral entre República Dominicana y Haití fue una carretera de verdad. Era posible transitar por ella, insisten. Algo difícil de creer viéndola hoy. Sobran los avisos que advierten que la velocidad máxima permitida es de 45 km/h: en muchos tramos no se puede exceder los 10 km/h. El asfalto es tan extraño acá

como la nieve en el Sahara. Las curvas son constantes y pronunciadas y deben ser negociadas con cuidado. La tierra es árida y seca, algo arcillosa. Es roja casi siempre; cuando no es roja, es café. Todo es color tierra. A veces es posible ver algunos parches verdes y a lo largo del camino se atraviesan un par de puentes sobre el cauce seco de algo que tal vez fue un río. Queda flotando la pregunta ¿qué se puede sembrar acá?… ¿Se puede sembrar acá? En algunos lugares inmensos peñones impiden el paso sobre cuatro ruedas a una velocidad mayor que la que permite la locomoción en dos piernas. Esto lo aprovechan los niños que habitan a orilla de la trocha para correr detrás de los vehículos pidiendo dinero.

Esa es otra característica del paisaje. Una miseria atávica, ancestral. Pareciera más antigua que las montañas que recorres. A lo largo del recorrido hay varios asentamientos de una pobreza indescriptible. Mulas, caballos, niños, mujeres, hombres, algunas vacas, todos cubiertos de una patina de polvo y carencia. Panzas infladas por los parásitos, ojos inyectados de sangre, costillas marcadas por piel tensa y negra. Los mercados sobre la carretera dan la impresión de ser asentamientos temporales, campos de refugiados. Desde cuándo, unos cuantos días o unos tantos años, por causa de algún terremoto o alguna guerra civil, no se sabe. Producto de la tragedia cotidiana que es la vida en Haití. Esa es la única certeza.

Y hablo de la tragedia cotidiana haitiana porque acá, a pesar de ser zona de frontera, casi toda la población es haitiana. Los que no lo son hacen parte de algún contingente de la ONU, con los uniformes y brazaletes que los acreditan como tal o son parte del ejército dominicano. Probablemente resguardan la soberanía nacional de una invasión haitiana, no militar sino de migrantes. O tal vez el Estado se olvidó de ellos hace ya algún tiempo y los tiene tan abandonados como la carretera. A pesar de la presencia de éstos (o tal vez, en parte, debido a) la vía se siente peligrosa. No sé si lo sea. No me consta, pero se siente así. Tal vez es por lo sorpresivo de lo que se encuentra en ella. La diferencia entre la carretera internacional y lo que estás acostumbrado a transitar y ver es tan chocante que intimida y siembra dudas. Cada 5 kilómetros hay un aviso indicando cuánto falta. Eso produce una sensación profundamente angustiante por lo lento del recorrido. El trayecto toma seis horas pero sientes que dura eternidades. 

Al final, al volver a las carreteras de la República Dominicana, queda la sensación de haber visitado otro planeta. Y en cierta forma, así fue. Pero no son ellos los que viven en un mundo paralelo. El alienígena soy yo, somos nosotros. Es un hecho que la mayoría de la población mundial vive en condiciones de pobreza extrema y no tiene acceso a servicios de salud, educación o bienestar social básico. La inmensa mayoría de la gente que habita este planeta vive con menos de dos dólares al día y se acuesta cada noche con hambre. Miles de millones se van a dormir sin revisar el correo electrónico o las notificaciones del Facebook porque claro, no saben leer. Y aún más grave según nuestras nociones virtuales de la realidad: no tienen smartphones, ni computadoras, ni acceso a internet. Y yo, preocupado por las condiciones en que está una carretera durante un viaje en jeep por una isla caribeña. Ahora, te repito la pregunta: ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen que vas a transitar por la carretera internacional?

Policía Comunitaria y Autodefensa en Guerrero

Impar AV visitó Guerrero para reportar sobre la situación con la autodefensa y la policía comunitaria en los municipios de Ayutla de los Libres y San Luis Acatlán. Esto es lo que encontramos.

“Cuando empezaron estaba chingón, la malilla se fue del pueblo y ya no tocaba pagar por piso [impuestos cobrados por el crimen organizado], ni las extorsiones, se pararon los secuestros. Ahora el problema es que la cooperación voluntaria que cobraban al principio ya no es tan voluntaria. Están poniendo cuotas obligatorias por cada casa... ¡Al menos la malilla daba más trabajo!”. Albañil de Ayutla de los Libres, jueves 30 de mayo de 2013.

“No damos información a la prensa porque cuando empezamos la prensa sacó cuánta gente habíamos arrestado y nosotros los teníamos según los usos y costumbres, pero llegaron los de derechos humanos diciendo que los teníamos que liberar y pues tocó… se los entregamos a la policía y ellos dieron su lana y quedaron libres. Ahora no decimos cuántos tenemos ni informamos de nada por eso. Si preguntan si los tenemos o no, decimos que no sabemos nada, que no los tenemos. Así, si se ponen de rebeldes no existen pues, los desaparecemos”. Miembro del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSYJC) de Ayutla de los Libres, viernes 31 de mayo de 2013.

“¿Que qué pienso de la policía comunitaria [como se presenta la autodefensa en Ayutla]? ¡Que está de poca madre!”. Comerciante de Ayutla de los Libres 1 de junio de 2013.

Ayutla de los Libres queda en la zona del estado mexicano de Guerrero conocida como la Costa Chica. Hay que desviar hacia el norte en la autopista México 200 en Cruz Grande, a unos 70 kilómetros de Acapulco y recorrer 40 minutos por una carretera que serpentea a través de una ardiente planicie punteada por exuberantes palmeras y arbustos secos, pero aún verdes. Varias lagartijas toman el sol sobre la vía y algunos zopilotes dibujan círculos en el cielo. La aridez está en su apogeo en esta época del año, finales de mayo, gracias a una larga temporada sin lluvias. Los campos tienen un color negro y gris por las quemazones previas a la siembra de las milpas que ya están siendo plantadas, aprovechando las primeras lluvias del año.

Un enorme pasacalle verde limón con letras blancas fosforescentes da la bienvenida a los visitantes. Debajo de éste hay un retén militar. Camiones, automóviles, camionetas de transporte público, motocicletas, casi nadie se salva de la recepción de las Fuerzas Armadas. Las medidas de seguridad no son porque sí: Ayutla era conocido hasta hace unos meses por ser un paraíso para el crimen organizado y un infierno para todos los demás. Desde el 6 de enero el panorama ha cambiado radicalmente en las calles del municipio.

Muchos pobladores y versiones de prensa afirman que acabar con el crimen, o reducirlo a su mínima expresión, fue posible gracias a la conformación y puesta en marcha del grupo de autodefensa de Ayutla, conocido posterior a su legalización en abril como Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSYJC), adscrito a la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG). El detonante de la reacción popular en contra de las bandas organizadas habría sido el secuestro de Eusebio García, comisario de la comunidad de Rancho Nuevo y miembro de la UPOEG, sucedido el 5 de enero. Indignados por la inacción policial, varios indígenas y mestizos de Ayutla y Tecoanapa se habrían armado al día siguiente para organizar el rescate y montar una estructura de autodefensa comunitaria. De la noche a la mañana, literalmente, la UPOEG pasó de exigir un cobro más justo de la tarifa de la energía eléctrica y abogar por mejoras en las vías rurales, la salud y la educación a convertirse en una estructura militar integrada por vigilantes armados con una fuerte presencia en los cascos urbanos. Sus rondas, en patrullas a pie o en camionetas de platón, recorren las calles de Ayutla y otros municipios del estado.

Según las versiones de este estilo, las autodefensas adscritas a la UPOEG, integradas por ciudadanos enmascarados armados con escopetas, fusiles y algunas pistolas viejas desmontaron peligrosas bandas de narcotraficantes, secuestradores y extorsionistas, y controlaron la delincuencia común. La manera decidida en que enfrentaron el crimen organizado permitió el regreso de la paz, el orden y la tranquilidad a un pueblo que vivía atemorizado y sometido al poder de las bandas criminales. Ahora se han expandido y tienen presencia en varios municipios de Guerrero. 

Entrevista a un comerciante de Ayutla de los Libres.

¿Parece una historia salida de las páginas de un guión de Hollywood? En cierta forma lo es. Lo que sucedió en Ayutla y algunos municipios vecinos no es Los Intocables: South of the Border. Los grises son varios y de distintos matices. El costo de la seguridad alcanzada en Ayutla y los demás municipios en los que se implantó el sistema de autodefensa fue la toma de facto del poder policial por parte de bandas armadas sin mayor control ni veeduría del gobierno municipal y/o la sociedad civil; no muy diferente a lo que pasa con las policías municipales, estatales o federales, al menos en lo que toca a la sociedad civil —pero esa es otra historia.

Al mismo tiempo, la gente reconoce los beneficios que han traído las fuerzas de autodefensa y muchos pobladores prefieren su presencia a la de los delincuentes. Varios colaboran con la autodefensa: patrullan, les dan dinero o les llevan comida. Sin embargo, se rumora (porque nadie se atreve a asegurar nada al respecto) que la colaboración monetaria, que en principio era voluntaria, se ha vuelto de carácter obligatorio. Muchos de los patrulleros son obligados a participar de la autodefensa por la pertenencia de sus comunidades a la estructura de seguridad. Hay hombres que preferirían estar cuidando sus parcelas o sus cabras a andar armados tres veces a la semana cubriendo turnos de 24 horas mientras sus campos están abandonados. Hay una estrecha colaboración con el gobierno: junto a los rifles de caza y las escopetas se ven modernos fusiles de asalto de alto calibre suplidos por el gobierno estatal. Fuentes policiales también afirman que hay colaboración con la policía municipal para realizar operativos en los centros urbanos.

Tras la espectacular aparición de las autodefensas de la UPOEG y la captura de varios criminales se produjo un gran despliegue mediático que cubrió su surgimiento. En ellas se les presentó como la policía comunitaria que es, en realidad, una estructura de mayor antigüedad creada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) en 1995. Esta confusión fue propiciada por Bruno Plácido Valerio, fundador de la UPOEG. Plácido, que también participó en la fundación de la CRAC-PC, estableció la UPOEG en enero de 2011 como consecuencia de la derrota sufrida por él y su grupo en una elección de coordinadores, la máxima autoridad de la CRAC-PC. Sin el control sobre la CRAC-PC,  Plácido y sus colaboradores buscaron imponer su liderazgo sobre las comunidades por una vía alternativa, apoyada por el gobierno estatal en cabeza del gobernador Ángel Aguirre. Desde enero Bruno Plácido Valerio ha aparecido en la prensa de la mano del gobernador en varias ocasiones. En las comunidades se comenta que Bruno es el “dedo chiquito del gobernador”. También se sabe de los intereses políticos de los hermanos Plácido: buscan convertir los ejidos de los que son oriundos en municipios y lograr la diputación por Guerrero para Bruno, cómo lo llaman los habitantes para diferenciarlo de su hermano Cirino, otro miembro de importancia dentro de la UPOEG.

Casa de Justicia de la CRAC-PC en El Paraíso, Ayutla de los Libres, Gro.

La CRAC-PC surgió en 1995 como una respuesta a la criminalidad que en esos años campeaba libremente por la Costa Chica y las montañas de Guerrero con la complicidad por acción u omisión del aparato estatal. Las comunidades ñuu savi (mixtecos) y me'phaa (tlapanecos) se organizaron en torno a la CRAC-PC para protegerse y establecer una instancia de administración de justicia fuera del corrupto sistema judicial del Estado.

Casa de Justicia de la CRAC-PC, en El Paraíso, Ayutla de los Libres, Gro.

Paulatinamente la CRAC-PC fue haciéndose un espacio en la agenda política de Guerrero por medio del establecimiento de un sistema de policía, justicia y reeducación según los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Los detenidos son sometidos a un juicio en una de las cuatro casas de justicia con las que cuenta la organización y de ser condenados, son puestos a trabajar en proyectos de beneficio comunitario. Ahora cuenta con presencia en varios municipios y en su estructura participan las 5 etnias del estado. ñuu savi, me’phaa, náhuatl, ñomndaas (amuzgos) y afrodescendientes. Con el pasar del tiempo y la consolidación de la organización, la CRAC-PC ha expandido sus actividades hacia la constitución de proyectos productivos, asociaciones de mujeres, entre otras: sin embargo, el núcleo duro de la organización sigue siendo el sistema comunitario de policía, justicia y reeducación.

Preso en proceso de reeducación en El Paraíso, Gro.

Presos construyen una cisterna como parte de la
reeducación en El Paraíso, Gro.

Los juicios de los criminales capturados durante los primeros días de actividad de la autodefensa fueron transmitidos por varios medios. Sin embargo, su incapacidad para lidiar con los presos, la 

negativa de la CRAC-PC de recibir reos que no fueron juzgados en su sistema de justicia y la ausencia de un sistema penal de la UPOEG, condujo a la entrega de los detenidos al sistema ordinario de justicia. Con la honda corrupción a nivel local los delincuentes con mayor capacidad económica (generalmente los más peligrosos) fueron liberados prontamente. El mandato del gobierno estatal a las autodefensas de regularizar su accionar emitido en abril (quitarse las máscaras, usar uniformes) ha atemorizado a sus integrantes por las posibles represalias de los criminales liberados, de ahí que la represión en contra de los extraños que visitan Ayutla se ha intensificado en los últimos meses.

Capturados esperan la definición de su situación jurídica según el sistema de justicia de la CRAC-PC. San Luis Acatlán, Gro.

Prisionero recibe una visita. San Luis Acatlán, Gro.

Ahora Ayutla vive bajo una la ley marcial impuesta por la autodefensa.  ¿Toque de queda, allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias? Cosa de todos los días. ¿Violaciones al debido proceso, abusos de autoridad, presiones e intimidaciones a la prensa por parte de la SSYJC? Sí, es usual. En voz baja incluso se menciona la desaparición de capturados por "ponerse rebeldes". En síntesis, en Ayutla se produjo la imposición de una paz armada, del imperio de la violencia de una fuerza paraestatal aliada con el Estado, con la anuencia de la población civil, para acallar la violencia criminal, que, no obstante, aún permanece latente. Una paz paradójica que, como se ha visto en otros casos en América Latina, conduce a resultados nefastos.

En Guerrero, uno de los estados más pobres de la república méxicana (y en una ecuación perversa, usual en América Latina, con gran población indígena) hay más de 600 concesiones mineras, la mayoría de ellas de empresas canadienses. En las zonas en cuestión los proyectos más importantes son “La Diana” en manos de la canadiense CAMSIM y “Corazón de las Tinieblas” de la inglesa Hochschild. Los títulos de concesión para la extracción minera en los territorios indígenas se han otorgado violando varios de los mecanismos legales establecidos para la proteger los derechos indígenas, entre ellos el de la consulta previa. 

Policías comunitarios esperan por su comida mientras durante
la asamblea de  la CRAC-PC. San Luis Acatlán, Gro.

El establecimiento de la UPOEG tiene un fin ulterior: fracturar el sistema de seguridad comunitario establecido por la CRAC-PC.  El mito fundacional creado por los grandes medios para la autodefensa oculta un profundo conflicto al interior de la CRAC-PC propiciado por la UPOEG y enmascara una estrategia gubernamental que apunta a la desestabilización de las autonomías locales logradas por la CRAC-PC en el estado de Guerrero.Se busca desarticular las comunidades indígenas, dividir la organización de base y favorecer la entrada de empresas mineras transnacionales a los territorios comunitarios de la Montaña y la Costa Chica guerrerense. La UPOEG ha usado varios medios para lograr el debilitamiento de la CRAC-PC, entre ellos el de presentarse como la CRAC-PC durante el levantamiento de enero en Ayutla, la cooptación de comunidades pertenecientes a su estructura y la ocupación de la casa de justicia de San Luis Acatlán, de gran importancia simbólica para la CRAC-PC.

Policía comunitario, San Luis Acatlán, Gro.

Asamblea de la CRAC-PC, 1 de junio, San Luis Acatlán, Gro.

Contrario a la forma en la que funciona la CRAC-PC, con varios niveles de consulta en las comunidades para la toma de decisiones, y en la que se destaca la elección de autoridades por medio de la democracia directa y popular, la UPOEG está verticalizada en torno a su fundador y en todos sus niveles. Las decisiones no son consultadas, lo que permite que la organización funcione en beneficio de los intereses de los Plácido y sus aúlicos. El permanente contrapunteo a nivel de base con la CRAC-PC y la alianza establecida con el gobierno de Ángel Aguirre revela hasta que punto la UPOEG es un instrumento al servicio de los Plácido, que son, en últimas, peones en el ajedrez montado por el Palacio de Gobierno con sede en Chilpancingo, la capital de Guerrero. 

Eliseo Villar, coordinador de la casa de Justicia
de San Luis Acatlán, Gro. en la asamblea del 1 de junio.

La confrontación de baja intensidad entre la UPOEG y la CRAC-PC, y entre ésta última y el gobierno estatal ha ido escalándose en los últimos meses. Los días 1 y 2 de de junio hubo una asamblea de la CRAC-PC en la casa de justicia de San Luis Acatlán. El motivo, una citación de los coordinadores para responder a unas acusaciones de corrupción que se les imputaba. El sábado 1, una asamblea que parecía rutinaria fue interrumpida por un anuncio: la UPOEG celebraría su propia reunión al día siguiente en el auditorio del pueblo. Inmediatamente se tensó el ambiente y el tema cambió sustancialmente.

"El respeto a nuestros derechos será justicia" Escudo de la CRAC-PC.

Lo importante fue asegurar la no repetición de la toma de la casa de justicia y diseñar un mecanismo para evitar la cooptación de más comunidades por la UPOEG. A la pregunta de si se defendía el sistema comunitario establecida por la CRAC-PC  o si se abandonaba a las pretensiones de la UPOEG la respuesta fue unánime y contundente: “a los chingadazos” en caso de una amenaza armada. Afortunadamente, una situación que podría haber derivado en un enfrentamiento fratricida fue conjurada por la debilidad de la UPOEG a nivel de base. La convocatoria a su reunión fue mínima y la resolución producida en ella, llamando a los coordinadores de la CRAC-PC a dimitir nunca fue entregada a la asamblea reunida en la casa de justicia.

Eliseo Villar habla sobre Bruno Plácido y la formación de la autodefensa en Ayutla

en la Asamblea de la CRAC-PC, 1 de junio de 2013, San Luis Acatlán, Gro. 

Policía comunitario disponiéndose para la patrulla nocturna.
1 de junio, San Luis Acatlán, Gro.

Policías comunitarios antes de la patrulla
nocturna. 1 de junio, San Luis Acatlán, Gro.

Entrega de armas del 3 de enero en la
casa de justicia de San Luis Acatlán, Gro.

El último encontronazo entre el gobierno y la CRAC-PC fue propiciado por la captura en Acapulco de los coordinadores y algunos policías de la CRAC-PC. Fueron acusados de portar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y puestos bajo custodia. Los miembros de la organización reaccionaron rápidamente. Bloquearon cuatro carreteras, y desarmaron y capturaron a varios agentes municipales y ministeriales. El gobierno se vio forzado a liberar a los detenidos debido a la presión ejercida por los policías comunitarios y el tenue manto legal con el que pretendían cubrir el arresto. LA CRAC-PC respondió con la liberación de los agentes detenidos. Así, se propició una negociación de igual a igual entre el gobierno estatal y la CRAC-PC para la entrega de prisioneros y, posteriormente de las armas decomisadas por la CRAC-PC a los representantes del gobierno y el pago de este último por los fusiles tomados en Acapulco, entrega que se produjo el lunes 3 de junio en la casa de justicia de San Luis Acatlán.  Eliseo Villar Castillo, coordinador de  la casa de justicia, y uno de los que cayó preso en Acapulco, aprovechó la ocasión para recordarle al enviado del gobernador lo importante que es que tanto el gobierno como la UPOEG respeten el territorio comunitario. Villar instó al representante del gobierno a aplacar a la UPOEG pues en caso de que ésta intente tomarse la casa de justicia nuevamente tendrá que hacerlo por la fuerza.

En Guerrero se están produciendo varias presiones sobre las comunidades. Distintos individuos, grupos  instituciones y corporaciones están buscando consolidar su poder en diferentes escalas. Los hermanos Plácido desean satisfacer sus ambiciones políticas; la UPOEG intenta quitarle comunidades a la CRAC-PC para fortalecer su posición; la CRAC-PC se mantiene en una actitud defensiva frente a la UPOEG y el gobierno municipal, estatal y federal, ganando victorias coyunturales en todos los casos, ninguna de ellas definitiva; los gobiernos municipales se hacen los de la vista gorda con las arbitrariedades de la autodefensa para conservar el favor de los sectores pudientes de la sociedad local y así mantener intacta la estructura clientelista que los mantiene en los ayuntamientos; el gobierno estatal apoya a la UPOEG en detrimento de la CRAC-PC para debilitar lo que seguramente es visto, en el mejor de los casos, como una rueda suelta y en el peor como una amenaza a la institucionalidad para favorecer a las concesionarias mineras transnacionales; el gobierno federal está a la espera, procurando continuar la profundización de su modelo de desarrollo económico, modificando la constitución cuando es posible y obviándola cuando lo ve necesario; las multinacionales esperan que las condiciones estén dadas para iniciar sus megaproyectos mineros e inflar sus utilidades. Con tantas pugnas en desarrollo y tanto dinero en juego el peligro para las comunidades que están en medio de ellas es inminente.