El 10 de marzo se realizó una rueda de prensa en la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en la que se trataron varios temas de interés nacional. En esta entrada examinaremos algunos de los temas tratados. Participaron Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC; Alirio Uribe, representante a la Cámara; Aída Abella por la Unión Patriótica (UP); Emigdio Pertuz, de ANAFRO; César Jerez, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC); Teófilo Acuña por el Congreso de los Pueblos; Oscar Salazar de Marcha Patriótica; Jeison Pava del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE); José Esquivel, vocero de Paz y Pedagogía y el edil de la localidad de Engativá, Alejandro Rivera.
Reclamaciones de tierra en el Cauca
El Cauca está que arde. Los indígenas del norte del departamento reclaman más de 20 mil hectáreas de tierras. El movimiento indígena inició un proceso de ocupación de las fincas Quebrada Seca, Miraflores, Granadita y García, llamado por ellos “liberación de la madre tierra”. Según el movimiento indígena la inacción del gobierno en la reparación colectiva en materia de tierras por la masacre de Nilo y el incumplimiento de acuerdos ya pactados los forzó a tomar medidas de hecho. La respuesta del Estado ha sido contundente. Despliegue del ESMAD, presencia de helicópteros, retenes militares y patrullaje de vehículos de guerra son algunas de las acciones tomadas por el gobierno para lidiar con las reclamaciones de los Nasa. Los enfrentamientos entre indígenas y fuerzas de policía que se producen desde el 24 de febrero han dejado una nutrida lista de heridos en ambos bandos, incluyendo víctimas de ataques con arma de fuego.
Las tierras que están en disputa son reclamadas por los indígenas caucanos tras un acuerdo hecho con el gobierno nacional en compensación por la masacre de Nilo, ocurrida en 1991. En esa ocasión 20 indígenas fueron asesinados después de haber ocupado una parcela en 1987 y que consideraban territorio ancestral. En 1991 la tierra fue vendida y los nuevos propietarios propiciaron la masacre en la que participaron agentes de la fuerza pública. En 1995 Ernesto Samper, ex-presidente de Colombia, pidió perdón en nombre del Estado por la masacre y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado colombiano por los hechos en 1999. La CIDH consigna en su informe que “en vista de la información recabada durante este proceso, así como del reconocimiento de responsabilidad de la República de Colombia, [la CIDH] concluyó que agentes del Estado junto a un grupo de civiles violaron el derecho a la vida [de las víctimas]”.
Los estrados judiciales nacionales también se han pronunciado sobre el caso: en 1995 se produjeron condenas penales contra tres personas que aceptaron su responsabilidad en la masacre, el año pasado el Consejo de Estado dejó en firme una condena contra la nación, y el 6 de marzo se reabrió el juicio en contra de los oficiales retirados de la Policía, Fabio Alejandro Castañeda Mateus y Jorge Enrique Durán Argüelles por estos hechos. El caso ya había sido desestimado por la Justicia Penal Militar.
Mientras se producen los enfrentamientos en el norte del Cauca, el resto del país toma partido: desde la derecha se ha condenado la protesta sin atenuante alguno. La senadora Paloma Valencia afirmó en su cuenta de Twitter que “las tierras del Cauca son de sus dueños legales; lo de los indígenas es una invasión violenta con ataques sobre policía”. Juan Fernando Cristo, ministro de Interior, afirmó el 10 de marzo que “este gobierno, como ningún otro, ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas” y que está abierto al diálogo con estas comunidades. También señala que “lo que el Gobierno no va a tolerar es la invasión de predios que tienen legítimo propietario ni los bloqueos de vías”. Los movimientos sociales denuncian la agresión estatal y piden que se cumplan los acuerdos sobre tierras.
Declaración de Luis Fernando Arias (ONIC)
Instalación de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Mesa Única Nacional
Otro de los temas sensibles tocados durante la rueda de prensa se refiere a la Instalación de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Mesa Única Nacional. El gobierno ordenó la creación de esta instancia por medio del Decreto 870 del 8 de mayo de 2014. El artículo 9 del decreto dictamina que “[e]n el proceso de interlocución se respetarán los derechos otorgados en la Constitución y la Ley a los participantes y voceros de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Así mismo, se creará una subcomisión que aborde el tema de garantías y derechos humanos”.
El comunicado de prensa del Ministerio del Interior fechado el 10 de marzo señala que “El Ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, instaló la Subcomisión de Derechos Humanos contemplada en el decreto 870 [...] Igualmente reiteró su preocupación y rechazo por las amenazas de que han sido objeto líderes sociales y defensores de derechos humanos en distintas zonas del país”. Distintos voceros de los movimientos sociales rechazaron el pronunciamiento y manifestaron que la Subcomisión no había sido instalada efectivamente. Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC afirmó que “nosotros, desde la Cumbre, como voceros de orden nacional rechazamos este tipo de afirmaciones que faltan a la verdad de lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que el señor ministro se fue de la reunión de la Subcomisión de Derechos Humanos y por eso no pudimos avanzar.” Emigdio Pertuz, líder de las comunidades afrocolombianas del Chocó afirmó que “¿como en plena instalación de la Subcomisión de Derechos Humanos, que debe dar las garantías para que la comisión de la Mesa Única pueda negociar el pliego de peticiones que ha sido planteado al gobierno nacional, el ministro sale y abandona el recinto sin decir absolutamente nada y prácticamente se escapa de su responsabilidad legal y constitucional?”
El desacuerdo entre los representantes de la Cumbre Agraria y el gobierno nacional apunta a un problema de fondo en la Mesa Única Nacional. La precaria confianza entre las partes se evidencia en las posiciones encontradas en lo que se refiere a la creación de una instancia que debe velar por el establecimiento de garantías mínimas y la protección de los derechos humanos de los interlocutores del gobierno en la Mesa Única Nacional.
La Cumbre Agraria afirma que hay incumplimiento del gobierno en la instalación
de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Mésa Única Nacional.
Violaciones a los Derechos Humanos en 2015
En la rueda de prensa se lanzó el Balance Situación de Vulneración de DDHH e Infracciones al DIH. Según la información presentada por la Cumbre Agraria, se han cometido varias violaciones a los derechos fundamentales en lo corrido del año:
| Violaciones a los DDHH e infracciones al DIH | Impacto del hecho |
Acción Bélica | 110 |
| Amenaza Colectiva | 16 |
| Amenaza Individual | 35 |
| Atentado Individual | 2 |
| Atentado Colectivo | 2 |
| Confinamiento | 1.500 |
| Desplazamiento Forzado | 671 |
| Detención Arbitraria | 20 |
| Asesinato Selectivo | 15 |
| Ejecución Extrajudicial | 1 |
| Allanamiento Ilegal | 1 |
Total general | 2.373 |
Los integrantes de la mesa denunciaron una serie de casos puntuales de diversa índole en varios lugares del país. Hay una creciente preocupación por el renacer de estructuras paramilitares en las regiones y por el aumento de amenazas y atentados contra actores políticos de izquierda en Colombia. Algunos voceros manifestaron su descontento por lo que llamaron fallas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que han conducido a situaciones que ponen en riesgo la vida de activistas políticos. También señalaron que habría corrupción dentro de la UNP. Por ultimo, se hizo énfasis en lo que serían abusos de la fuerza pública en su accionar represivo sobre la movilización popular.Estas denuncias se presenta en el siguiente video.
Denuncias de violaciones de DDHH en Colombia durante 2015
Entrevistas
César Jerez (ANZORC)
Aída Abella (UP)
Es claro que los movimientos sociales están muy pendientes de lo que sucede en los diálogos de La Habana y que su interpretación de la coyuntura actual pasa por la mesa de negociaciones. Queda esperar que la decisión del gobierno de suspender los bombardeos por un mes y establecer la Comisión Asesora para la Paz (compuesta por Clara López, presidenta del Polo Democrático, Antanas Mockus, la líder indígena Ati Quigua, el cardenal Rubén Salazar, Vera Grabe, exsenadora y antigua miembro del M19, el presidente de Bancolombia Carlos Raúl Yepes, Julio Roberto Gómez de la Confederación General del Trabajo, el general (r) Rafael Samudio, y la exministra de cultura Paula Moreno) contribuye a generar un acercamiento honesto entre el oficialismo y los movimientos sociales.
En la situación actual se hace necesario fomentar un diálogo dentro de las fronteras colombianas que involucre a los distintos sectores de la sociedad que están en oposición al gobierno (e incluso los que se oponen al proceso de La Habana) para que todas las voces sean oídas y así construir un futuro en paz sobre unas bases sólidas de respeto, comprensión y pluralismo. En esto la responsabilidad del gobierno es grande: debe proteger a los distintos interlocutores de los sectores violentos que los amenazan.
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