Para nadie es un secreto que la
guerra en Colombia se pelea en las periferias. Aunque ciudades como Bogotá y
Medellín sintieron el estruendo de las bombas de Pablo Escobar en su guerra
particular contra el Estado y la extradición, y Cali vivió la incursión de un
comando guerrillero cuando las FARC plagiaron a los diputados de la Asamblea
del Valle, estos eventos no han sido el común denominador de la multifacética
guerra colombiana. El conflicto armado ha sido especialmente cruel con los
pobladores de las zonas más remotas del país. En estos lugares la presencia del
Estado se ha reducido a las campañas de fumigación aérea de cultivos ilícitos, los
bombardeos y la imposición de la bota militar.
Llegar a Riosucio (Bajo Atrato - Chocó)
desde Bogotá toma más tiempo que viajar desde Bogotá a Londres, Nueva York,
Frankfurt o Los Ángeles. Primero hay que tomar una avioneta que aterriza en
Apartadó. Desde el aire es posible ver como grandes extensiones de tierra del
Urabá han sido colonizadas por la agroindustria del plátano y el banano. Al
tocar pista en Apartadó lo primero que se siente es un calor húmedo que hace
que la ropa se pegue a la piel. Desde Apartadó hay que tomar camino tres horas
hasta Belén de Bajirá, un corregimiento disputado por Chocó y Antioquia, donde
el poder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) es tan evidente que
ha dejado sus marcas en todos los muros del pueblo. Desde acá hay que tomar
trocha unas cuatro o cinco horas hasta Riosucio, trocha que divide los
territorios colectivos de La Larga Tumaradó y Pedeguita Mancilla, en el margen
oriental del río Atrato.
La subregión del Bajo Atrato comenzó
a ser ocupada por las FARC y el EPL desde comienzos de la década del 80, quienes
construyeron sus bases sociales en los incipientes sindicatos de las fincas
bananeras. Pero fue a partir de la segunda década de los noventa, con la
entrada de las ACCU primero, y las AUC después, que el conflicto armado se
agudizó en la región. El Bloque Bananero y la Casa Castaño desde el oriente y
el Bloque Élmer Cárdenas desde el occidente subieron por el río Atrato
conquistando a sangre y fuego los territorios de comunidades negras y mestizas.
Las FARC se replegaron hacia el margen izquierdo del río Atrato, a zonas
selváticas prácticamente impenetrables.
Así, los paramilitares, en
connivencia con empresarios y particulares, consolidaron una estrategia
macrocriminal de despojo en la región para el desarrollo de proyectos
económicos de monocultivo de plátano, palma y ganadería extensiva de reses y
búfalos. La famosa frase de “me vende usted o le compro a su viuda” nació en
esta región. La toma de Riosucio en diciembre de 1996 y la Operación Génesis en
febrero de 1997 fueron dos de los hitos más conocidos de este violento periodo.
En esta última, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la
responsabilidad del Estado por la acción conjunta entre el Ejército y los
paramilitares en una aterradora incursión donde Marino López Mena fue
decapitado, su cuerpo desmembrado y arrojado al río y posteriormente jugaron
fútbol con su cabeza.
Según el Registro Único de
Víctimas, en 1996 Riosucio fue testigo de 118 homicidios vinculados al
conflicto armado. En 1997 hubo 262. Este dato es relevante si se tiene en
cuenta que apenas cinco años antes solo se habían presentado dos homicidios en
el municipio. En este periodo se presentaron índices de desplazamiento forzado
escalofriantes: 11.671 casos en 1996 y 66.379 en 1997. De ahí en adelante se ha
registrado un promedio de 16.860 con solo dos años con menos de 10.000 casos:
2010 y 2016.
El proceso de desmovilización de
las AUC no contribuyó a reducir la violencia y el despojo. Las autodenominadas
AGC, comandadas por ‘Don Mario’ (hermano de ‘El Alemán’, jefe máximo del Élmer
Cárdenas) comenzaron a ocupar los territorios que habían estado bajo el control
de los paramilitares en Urabá. Tras la captura de ´Don Mario´, los hermanos
Úsuga, ‘Giovanny’ y ‘Otoniel’ se hicieron cargo de la organización dedicada al
tráfico de drogas, el contrabando, la extorsión y la provisión de “servicios de
seguridad” al mejor postor.
La importancia de Riosucio para
todos los actores del conflicto radica en su posición geoestratégica: dominar el
municipio implica controlar el curso del bajo Atrato, tener un corredor
estratégico hacia Panamá, y corredores de movilidad hacia el Pacífico, el mar
Caribe, el Urabá antioqueño y el Nudo de Paramillo.
Sólo el cese al fuego entre las
FARC y el Ejército ha dado un respiro de alivio y esperanza a la población de
Riosucio. Por esta razón, el pasado 2 de octubre el municipio se manifestó
contundentemente a favor de la salida negociada al conflicto armado entre el
Estado y las FARC (3462 votos, 90.93% por el SÍ). No obstante, hubo una tasa de
abstención muy alta: solo participó el 28.68% de la población habilitada para
votar.
Existen varias causas que podrían
explican este fenómeno: Por un lado, aparte de un foro organizado por Viva la
Ciudadanía, no hubo pedagogía para explicar el Acuerdo y la Alcaldía municipal
se abstuvo de participar para evitar polarizaciones. Además, en un contexto de
extrema carencia (el Índice de Pobreza Multidimensional –IPM- del municipio
registra un valor de 91.45%), movilizarse hacia los puestos de votación
requiere de una inversión individual gigantesca. Las veredas y corregimientos
en el margen occidental del Atrato no cuentan con vías de acceso y el día del
plebiscito no hubo transporte fluvial disponible para los votantes, como
siempre ha existido en anteriores elecciones. Por otra parte, el municipio iba
a albergar uno de los campamentos de las FARC en una zona con presencia
generalizada de grupos paramilitares, lo que generaba zozobra entre la
población y pudo haber motivado parte de la abstención.
Según varios habitantes del
municipio, el voto por el NO estuvo asociado al miedo de una posible alza en
los impuestos y el supuesto $1.800.000 que se le iba a pagar a cada guerrillero.
A diferencia de la pedagogía sobre el contenido de los Acuerdos, la
desinformación patrocinada por el Centro Democrático llegó a este rincón del
país.
La noticia de la victoria del NO en
las votaciones del pasado 2 de octubre sumió a la población en la tristeza y la
indignación. Los riosuceños afirman que “la gente de la ciudad nos dejó morir”.
Trágicamente esta frase no es solo un modismo sino una posibilidad manifiesta.
En efecto, los guerrilleros habían comenzado a movilizarse hacia la zona de
concentración y el Ejército tenía orden de dejarlos pasar. A partir del pasado
6 de octubre, luego de los resultados negativos, las FARC comenzaron a
replegarse. La población teme que una eventual reanudación de los
enfrentamientos entre las FARC y los demás actores armados va a generar una
espiral de violencia mayor a la que se vivía previamente, especialmente en el
margen oriental de río donde se encuentran los territorios colectivos de
Salaquí, Truandó y Cacarica, entre otros.
Si los Acuerdos de La Habana no se
salvan, existen grandes posibilidades que las FARC decida emprender una
ofensiva militar violenta para reconquistar los territorios que abandonó y que
fueron ocupados por otros grupos armados como el ELN, al comenzar el protocolo
previo a la concentración. La escalada de violencia también comprendería la
exposición y persecución de sus estructuras, que se habían empezado a mostrar
de forma más abierta, en camino hacia la desmovilización. Un habitante de la
zona manifestó que “si se cae el cese al fuego va a haber mayor riesgo que
antes porque algunos guerrilleros ya se movilizaron y salieron a la luz y va a
empezar el boleteo”.
El pasado 6 de octubre la
población de Riosucio marchó a favor de lo acordado en La Habana y su
implementación. Exigieron el mantenimiento del cese al fuego bilateral y de
hostilidades y la continuación del proceso de paz, pidiéndole a ambas partes
que no se paren de la mesa. Las consignas de la marcha fueron “por la
reivindicación del campo, sí a la paz”, “el Atrato es sagrado, el Atrato es
Colombia”, “El NO hirió a la paz, el SÍ la hará volar”, entre otras. Uno de los
pobladores sintetizó el sentir de Riosucio: “El mensaje a las FARC es que no
tumben el proceso, no porque perdonamos porque no se trata de eso, sino de que
no queremos más guerra. Acá los apoyamos”.
Hay que aprovechar esta oportunidad para crear la paz desde abajo y
ejercer presión sobre los políticos para que oigan el clamor de los más
golpeados por el conflicto. La propuesta eufemística de dar "alivio judicial" a policías y militares y amnistías a los guerrilleros rasos de acuerdo a
la Ley 975 (Ley de Justicia y Paz) es una cachetada
a las víctimas pues limita las posibilidades de obtener
verdad y reparación. Por otra parte, hay razones pragmáticas para no
elegir este camino: de casi 4000 postulados
y después de 10 años de que la norma entrara en vigencia, no se han
resuelto ni el 10% de los procesos.
Esta movilización, así como todas las otras que se han producido en favor de la paz en los últimos días en el país contienen un mensaje fundamental: que ésta le pertenece a la nación colombiana. No es propiedad de Santos, ni de Uribe, ni de las FARC. No debe estar sujeta a negociaciones entre las dos facciones de la élite colombiana en pugna por el país. La búsqueda de la paz no puede conducir a un nuevo pacto al estilo del Frente Nacional. La voluntad de esos 6.377.482 colombianos que votaron SÍ debe ser atendida. Pero, sobre todo, se debe respetar el deseo de la inmensa mayoría de colombianos de las zonas más apartadas y afectadas por el conflicto armado del país. Esta debe ser la paz de las periferias y las víctimas. Por eso las comunidades exigen que se implemente la reforma rural integral y el componente de verdad. No es justo que una persona que vive a más de 10 horas de viaje y que nunca ha oído mencionar el pueblo en el que uno vive lo condene a vivir en guerra. ¿O estaría usted de acuerdo con que las decisiones sobre su futuro fueran tomadas en Londres, Frankfurt, Nueva York o Los Ángeles?
Esta movilización, así como todas las otras que se han producido en favor de la paz en los últimos días en el país contienen un mensaje fundamental: que ésta le pertenece a la nación colombiana. No es propiedad de Santos, ni de Uribe, ni de las FARC. No debe estar sujeta a negociaciones entre las dos facciones de la élite colombiana en pugna por el país. La búsqueda de la paz no puede conducir a un nuevo pacto al estilo del Frente Nacional. La voluntad de esos 6.377.482 colombianos que votaron SÍ debe ser atendida. Pero, sobre todo, se debe respetar el deseo de la inmensa mayoría de colombianos de las zonas más apartadas y afectadas por el conflicto armado del país. Esta debe ser la paz de las periferias y las víctimas. Por eso las comunidades exigen que se implemente la reforma rural integral y el componente de verdad. No es justo que una persona que vive a más de 10 horas de viaje y que nunca ha oído mencionar el pueblo en el que uno vive lo condene a vivir en guerra. ¿O estaría usted de acuerdo con que las decisiones sobre su futuro fueran tomadas en Londres, Frankfurt, Nueva York o Los Ángeles?
